Antes de viajar al Vaticano para la entronización del papa León XIV, la presidenta Dina Boluarte firmó el Decreto Supremo N°009-2025-EM, que reglamenta la Ley N. °32213 y permite heredar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Esta medida ha sido criticada por expertos y exministros como una forma de perpetuar la informalidad en la minería, al permitir que este registro pase de generación en generación, lo que contradice el carácter temporal del proceso de formalización.
Diversas voces, como la del abogado ambientalista César Ipenza y los exministros Carlos Herrera Descalzi y Rafael Belaunde Llosa, han alertado que esta disposición beneficia a la minería ilegal y genera un “limbo de impunidad”. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) también expresó su rechazo, señalando que el Reinfo no debe considerarse un derecho transmisible, sino un registro temporal vinculado a una persona específica. Además, criticaron que el reglamento flexibiliza requisitos clave, como el acceso a explosivos y la presentación de informes ambientales.
Ante esta situación, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales pidió eliminar la disposición sucesoria, y desde el Congreso varias bancadas anunciaron una posible interpelación al ministro de Energía y Minas, Jorge Montero. Legisladores como Diana Gonzáles (Avanza País) advirtieron que este cambio no tiene sustento legal y representa una puerta abierta para que el Reinfo se utilice como escudo de la ilegalidad. La polémica continúa, mientras sectores exigen al Ejecutivo derogar la medida y reformular el proceso de formalización minera.
