Las elecciones generales de 2026 en el Perú enfrentan un riesgo inminente: la infiltración de redes criminales ligadas a economías ilegales como la minería ilegal, el narcotráfico y el contrabando. Estas actividades, que operan principalmente en regiones andinas y amazónicas, habrían movilizado más de 12 mil millones de dólares en 2024, según el Instituto Peruano de Economía (IPE), y buscan expandir su influencia al poder político, tanto a nivel nacional como regional y municipal.
Expertos como Nicolás Zevallos, del Instituto de Criminología, advierten que estas organizaciones no solo financiarían campañas electorales, sino que también promoverían candidatos que legislen en favor de sus intereses. La estrategia es múltiple: infiltrar desde los extremos ideológicos y captar a bolsones electorales movilizados por la defensa de actividades asociadas a las economías ilegales. Casos como la minería ilegal en Pataz y Madre de Dios muestran cómo estas redes dinamizan poblaciones enteras y logran respaldo local.
Frente a este escenario, autoridades y analistas coinciden en que el Estado debe actuar con firmeza para contener la expansión de estas redes, desarticular estructuras criminales y ofrecer verdaderas oportunidades de desarrollo a las comunidades más vulnerables. La democracia peruana está en juego, y su integridad dependerá de frenar la captura del poder por parte de actores ilegales.
