La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) advirtió este miércoles que desde el Congreso se estaría impulsando un proyecto de ley que causaría un aumento en las tarifas de agua así como una menor distribución de este recurso en las ciudades.
La Sunass dio a conocer que el congresista José Jerí Oré (Somos Perú) ha propuesto la inclusión en la Ley de Presupuesto 2022 la transferencia del fondo Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE-H) a manos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).
Según explicó la entidad reguladora, los recursos obtenidos para el MERESE-H provienen de las tarifas de agua que cobran las Empresas Prestadoras de Saneamiento (EPS), por lo que estos no pueden ser utilizados como recursos ordinarios para un ministerio.
“Transferir las reservas de las EPS al Midagri traería consigo un perjuicio para la población usuaria, ya que impediría ejecutar los proyectos priorizados para darle sostenibilidad a los servicios de saneamiento y usar el recurso aportado por los usuarios a través de su tarifa por el servicio con fines distintos para los que fueron creados. Con la posible consecuencia de reducir el agua para las ciudades e incrementar costos”, dijo Sunass.
“El Midagri, por su competencia priorizará agua para riego o agricultura, no para consumo humano, que es para lo que pagamos los usuarios de los servicios de saneamiento”, añadió.
El presidente de Sunass, Iván Lucich, aseguró que la iniciativa no ha sido consultada con el ente regulador y que esta se promueve “sin ninguna referencia al marco legal vigente como la Ley que regula los MERESE (Ley 30215) y el DL 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento que regula los Merese”.
El titular del ente regulador recordó que los MERESE-H en el sector saneamiento no solo buscan la sostenibilidad de los servicios de saneamiento, sino que conectan a los usuarios de agua potable con las comunidades campesinas aledañas a las fuentes de agua y los grupos impulsores, lo cual permite gestionar los conflictos por el agua.
“Este trabajo no se puede desnaturalizar y desconocer los compromisos vigentes entre las comunidades y las empresas, ni tampoco el aporte de los usuarios con fines de sostener su servicio de saneamiento”, señaló Lucich.
Fuente: Diario Correo
