El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, informó que entre 2022 y 2025 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó movimientos sospechosos por US$2.804 millones, de los cuales el 80 %, es decir US$2.248 millones, estarían relacionados con la minería ilegal. La UIF emitió 161 informes que revelan la magnitud del dinero movilizado por esta actividad ilícita en el país.
Un informe anterior de la UIF revelaba que entre 2012 y 2022 se identificaron 3,905 reportes de operaciones sospechosas vinculadas a minería ilegal, por un total de US$18.478 millones. Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), advirtió que los montos reales podrían ser incluso mayores, ya que esta actividad no solo implica el oro, sino también minerales como el cobre, y se desarrolla al margen del sistema financiero formal.
Ortiz señaló la necesidad urgente de establecer un marco legal que permita operar únicamente a pequeños mineros con derechos legales, concesiones, planes de manejo ambiental y cumplimiento de normas laborales. Esto permitiría frenar prácticas como la venta indiscriminada de explosivos e insumos químicos, la invasión de concesiones y la comercialización libre de minerales extraídos ilegalmente.
