El gobierno del presidente Pedro Castillo inició su gestión con el nombramiento de un Gabinete lleno de cuestionamientos y sin experiencia. Ahora, los hechos demuestran que sus ministros siguen ese ejemplo y se han enfocado en nombrar altos funcionarios sin nivel y con malos antecedentes.
Sus designaciones parecen responder a una devolución de favores por la campaña.
El lunes por la tarde, se dio el nombramiento de Natalia Jiménez Velásquez como directora ejecutiva de Provías Descentralizado, proyecto especial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
La abogada que obtuvo su título en 2019 es hija del excandidato al Congreso y secretario de Perú Libre (PL) en Tumbes Manuel Jiménez Castillo. Postuló en 2020 para ocupar un puesto CAS y se le consideró “no apta”.
Sin embargo, la joven de 27 años que tiene fotos con el secretario general de PL, Vladimir Cerrón, no tuvo problemas para ser designada.
Tras las críticas, el ministro Francisco Silva Villegas dejó sin efecto el nombramiento.
Sin embargo, esa cartera tiene un nombramiento que genera igual indignación: Alberto Falla como director ejecutivo del Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible (ProMovilidad), entidad adscrita al MTC encargada de gestionar el transporte público en el país, con excepción de Lima y Callao.
Se informó que Falla es uno de los tres fundadores de una empresa involucrada en actos irregulares.
El 11 de mayo de este año, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán), clausuró la planta de revisiones técnicas vehiculares Retecsur SAC, ubicada en Ica, luego de detectarse que cobraba para emitir certificados de inspección técnica a autos que no habían pasado la evaluación.
Además, en el MTC se ha nombrado secretario general a Mario Domingo Rubio Uriarte, que tiene una sentencia por daños y perjuicios por haber causado un atropello el 29 de junio del 2003.
Ese mismo año recibió una papeleta por una infracción muy grave C01, es decir, por conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes, narcóticos y/o alucinógenos.
Otra designación que llamó la atención fue la de Jack Gary Salazar Velásquez, quien fue nombrado jefe del gabinete de asesores del despacho ministerial del Ministerio de Vivienda el 1 de agosto. Sin embargo, duró apenas un día.
En redes sociales se cuestionó que su nombre aparezca en un foro de estudiantes de la Universidad Federico Villarreal donde se da cuenta de que en 2008 un grupo fue detenido porque pasaban las respuestas del examen por mensaje de texto.
Uno de los comentarios asegura que Jack Salazar es el cabecilla del grupo.
Todo indica que las críticas llegaron a oídos del ministro Geiner Alvarado López, que emitió una nueva resolución designando en el cargo a Salatiel Marrufo Alcántara.
Sin embargo, el abogado nombrado es investigado por presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos.
Marrufo Alcántara es conocido en el norte del país por estar vinculado a las empresas azucareras como Tumán, de la que fue apoderado.
En 2017 fue denunciado ante las Fiscalías Anticorrupción de Chiclayo por los presuntos delitos de lavado de activos, asociación ilícita para delinquir, peculado por extensión, fraude procesal, fraude en administración de personas jurídicas y apropiación ilícita. La denuncia fue interpuesta por dos representantes de una facción de la azucarera Tumán.
El caso fue abierto en 2018 por el despacho de de la Fiscalía de Crimen Organizado de Chiclayo, a cargo del hoy ministro del Interior, Juan Carrasco Millones.
Marrufo participó de manera muy activa en redes sociales haciendo campaña por PL. La prensa intentó consultarle al ministro Alvarado sobre los cuestionamientos a estos nombramientos, sin embargo, evitó dar declaraciones.
Braulio Juan de Dios Grajeda Bellido es ahora flamante viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Él fue candidato al Congreso en Lima con el número 3, pero se hizo conocido por ser uno de los dos encargados de abrir una cuenta mancomunada en un banco para recaudar fondos para el pago de la reparación civil de Cerrón.
No obstante, las designaciones polémicas también llegan a Palacio.
Arnulfo Pacheco Castillo fue designado secretario general de la Presidencia. Él es amigo y paisano de Castillo en Chota. Estudió educación en la UNFV y toda su experiencia profesional se relaciona con la enseñanza.
Pacheco es compañero luchas sindicales del presidente en el sindicato Fenatep, quien tiene denuncias policiales por violencia familiar. Su expareja y madre de tres hijos reportó que era violentada psicológicamente y acosada por Pacheco.
Fuente: Diario Correo
