En dos décadas, el Perú habría producido hasta 3,260 toneladas de oro no registrado, generando una riqueza equivalente al 74.8% del PBI nacional de 2023, según un informe de la FCDS. Esta actividad supera ampliamente los presupuestos de varios sectores del Estado, pero permanece fuera de control por la falta de un sistema de trazabilidad. Más del 78% de los mineros en proceso de formalización han sido suspendidos por no presentar su Declaración Anual Consolidada (DAC).
El precio del oro ha aumentado casi 500% desde 2003, lo que ha multiplicado el atractivo de la minería ilegal. La actividad se concentra en regiones como Madre de Dios, Puno, Piura y La Libertad, muchas veces bajo el dominio de redes criminales. La violencia ya alcanzó niveles alarmantes, con casos como el asesinato de 13 mineros en Pataz, atribuido a mafias que controlan zonas auríferas.
A pesar de los datos disponibles y las advertencias de múltiples estudios, el Estado carece de un sistema confiable de monitoreo y control. La informalidad y la permisividad han facilitado el lavado, contrabando y extracción sin control. Se requiere con urgencia cerrar el Reinfo, establecer trazabilidad obligatoria y fiscalización efectiva para frenar esta economía criminal que opera impunemente.
