De acuerdo a una encuesta de Ipsos, el 63% de los peruanos consideró que la seguridad ciudadana había empeorado en los últimos doce meses. Asimismo, el último informe sobre seguridad ciudadana del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló que, “215,159 personas fueron detenidas por cometer algún delito en 2023, lo cual representa un aumento del 9.8% en comparación con 2022”.
Para mitigar esta problemática que afecta a todos los peruanos, se requiere un enfoque coordinado en todos los niveles de gobierno. Para lograrlo, es esencial implementar medidas eficaces que aprovechen los recursos financieros. “En ese sentido, desde el sector empresarial, se alcanzan propuestas como el uso de mecanismos de Obras por Impuestos (OxI)”, expresó la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú).
Este mecanismo aprovecha la eficiencia del sector privado y puede utilizarse para brindar servicios como alumbrado, sistemas de vigilancia e implementación de comisarías. Con ello, se podría reducir la cantidad de obras paralizadas a cargo del Ministerio del Interior. “Además, esto ayudaría a acelerar la implementación de Centros de Flagrancia, los cuales contribuirían a que los plazos de los procesos judiciales se reduzcan. Su implementación ha traído experiencias positivas en países vecinos como Chile y Ecuador”, indicó ComexPerú.
“De esta manera, se pueden llevar a cabo diversas acciones para contrarrestar el crimen y la violencia. Los recursos existen, no obstante, la voluntad política y el sentido de urgencia no parecen ser cualidades de la administración pública en muchas ciudades de nuestro país”, puntualizó el gremio.
