Trabajadores y pobladores del sector minero solicitan que se esclarezcan los criterios aplicados en las intervenciones contra la minería ilegal, así como presuntas omisiones, limitaciones operativas y posibles tratos diferenciados en la zona.
El malestar crece en Pataz. Trabajadores y pobladores vinculados al sector minero vienen cuestionando la actuación del Ejército en los operativos ejecutados contra la minería ilegal y exigen una investigación independiente que permita determinar si las intervenciones se realizaron con criterios objetivos o si existieron presuntas omisiones que deben ser aclaradas por las autoridades competentes.
Los denunciantes sostienen que algunas acciones militares se estarían concentrando en labores que cuentan con contratos formales, mientras que otras operaciones, como la denominada Mina Ventura, no habrían recibido el mismo tratamiento pese a los antecedentes registrados en la zona.
Como antecedente, recuerdan que el 1 de mayo se ejecutó un operativo en Mina Ventura, donde fueron detenidas siete personas y se incautaron pistolas, miles de detonadores, cartuchos de distintos calibres y munición trazadora. Dicho material quedó en manos de las autoridades para las investigaciones correspondientes.
A este escenario se suma un oficio emitido por el Comando Unificado Pataz el 23 de junio de 2026, dirigido a comisarías de la zona y a la DIVOPUS Pataz, en el que se advierte que no se cuenta con personal del Grupo de Reconocimiento Especial Contra el Crimen Organizado. El documento señala que esta limitación afecta las operaciones contra el crimen organizado y la minería ilegal dentro de labores mineras.
Según dicho documento, las intervenciones deberían realizarse únicamente después de un planeamiento minucioso y con garantías de seguridad. Para los denunciantes, este punto abre una interrogante clave: si no existen suficientes capacidades operativas especializadas, bajo qué criterios se decide intervenir unas labores y no otras.
Los pobladores también piden que el Ministerio Público investigue presuntas relaciones de favorecimiento entre propietarios de determinadas operaciones mineras y miembros del Ejército destacados en la zona. Estas afirmaciones deberán ser comprobadas por las autoridades, pero el señalamiento exige una respuesta clara, formal y documentada.
Otro punto delicado es la difusión de imágenes que, según los denunciantes, habrían sido presentadas como si hubieran sido encontradas en la mina R&R, cuando corresponderían a otros contextos. De confirmarse esta versión, no se trataría de un error menor, sino de un hecho que podría distorsionar la percepción pública y afectar a quienes aseguran operar bajo contratos formales.
En ese contexto, la empresa R&R informó que habría presentado cerca de 20 denuncias ante la Policía Nacional y el Ministerio Público por presuntas actividades ilegales en la zona. Tras esos pedidos, se habría realizado una constatación policial sin participación del CUPAZ, situación que vuelve a abrir dudas sobre la coordinación entre instituciones.
La exigencia de fondo apunta a que el Estado combata la minería ilegal en Pataz con criterios uniformes, sin selectividad, sin zonas intocables y sin campañas de desprestigio basadas en información que aún debe ser verificada.
Pataz no necesita operativos para la foto ni versiones acomodadas. Necesita investigaciones objetivas, responsabilidades claras y una estrategia real contra la minería ilegal. Mientras existan denuncias cruzadas, oficios que revelan limitaciones operativas y acusaciones de trato desigual, la confianza en la intervención estatal seguirá bajo observación.
