La informalidad, característica de un sector productivo que no cumple con las normas laborales y tributarias, reduce la productividad y competitividad en la economía peruana. Este fenómeno afecta especialmente a las micro y pequeñas empresas (mypes) y, a pesar de ser un problema global, está profundamente arraigado en casi todas las actividades económicas del país. Según Paula Garda, jefa de la mesa de Perú, del Departamento de Economía de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 71% de la fuerza laboral peruana se encuentra en la informalidad, una de las tasas más altas en América Latina, lo que limita el crecimiento económico y la mejora en la calidad de vida.
La solución a la informalidad requiere reformas estructurales en áreas clave como la educación, el mercado, la tributación y las instituciones, como señala Garda. La implementación de estas reformas podría duplicar el PBI per cápita del país y reducir la informalidad, generando un entorno empresarial más competitivo y bajo costos de formalización. Además, la reducción de la complejidad tributaria, como propone Elmer Cuba, mediante un régimen único y progresivo para el impuesto a la renta, facilitaría la transición hacia la formalidad y aliviaría los obstáculos burocráticos.
El impacto de la informalidad también fue discutido a nivel internacional durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde se reconoció que el fenómeno afecta a todas las economías participantes, aunque en diferentes magnitudes. En Perú, la informalidad representa el 59% del PBI, lo que subraya la urgencia de abordar este desafío. El presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Roberto de la Torre, señaló que este fenómeno erosiona la confianza en las instituciones, afecta la innovación y dificulta la competitividad del país.
