Según un reporte de la Defensoría del Pueblo, hasta octubre de este año se han registrado un total de 218 conflictos sociales en el país.
Respecto al tema, el adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque, señaló que, si bien el Estado y las empresas han experimentado algunos avances en su tratamiento, aún no se cuenta con un modelo o sistema para frenarlos.
En ese sentido, refirió que la prevención no solo depende de los equipos que gestionan estos conflictos, sino también del funcionamiento general del Estado y del mercado, ya que la inestabilidad política disminuye la confianza en las instituciones y, por ende, los escenarios de diálogo.
“Si en esta coyuntura hay una gran inestabilidad política, la consecuencia de eso es que la confianza en las instituciones disminuya y así es muy difícil que los funcionarios que llegan hacia zonas alejadas donde, además, no hay una experiencia con el Estado ni un recuerdo grato de esa presencia, se hace mucho más difícil orientar el conflicto por las vías del diálogo y de la ley”, expresó.
