SE LES VIENE LA NOCHE | Fiscalía pide 25 años y 10 meses para Jorge Cuba y Edwin Luyo

Luego de dos años de investigación, la Fiscalía interpuso acusación ante el Poder Judicial contra los implicados en la recepción de sobornos por parte de la empresa Odebrecht para el otorgamiento de la buena pro de la Línea 1 del Metro de Lima. Para el exviceministro de Comunicaciones Jorge Cuba Hidalgo, el Equipo Especial, a través de José Domingo Pérez, solicitó 25 años y 10 meses de cárcel. La misma pena fue solicitada para Edwin Luyo, Mariela Huerta Minaya (prófuga en EE.UU.), Miguel Ángel Navarro, Víctor Muñoz Cuba (sobrino de Cuba) y Jéssica Tejada (expareja de Cuba). Todos ellos, según fuentes del Ministerio Público, fueron acusados de ser los coautores del delito de lavado de activos en la modalidad de transferencia, ocultamiento y tenencia agravada.

La Fiscalía acusó a Santiago Chau Novoa de los mismos delitos; pero solicitó, a diferencia de los demás, que se le impongan 12 años y 11 meses de prisión.También se ha pedido la inhabilitación perpetua para el ejercicio de algún cargo público de los procesados.

Según las imputaciones del Ministerio Público, Odebrecht habría pagado sobornos de 23 millones 386 mil dólares, cantidad que fue consignada como “riesgos adicionales” por los dos tramos de la Línea 1 del Metro de Lima.

Historia

Este caso surgió a raíz del descubrimiento de transferencias realizadas por la transnacional brasileña desde la Banca Privada de Andorra (BPA), BSI de Suiza, entre otras, hacia una cuenta off shore creada por el exfuncionario del Gobierno del fallecido Alan García.

Cuba abrió una cuenta con la finalidad de recibir transferencias ilícitas por parte de la División de Operaciones Estructuradas (DOE) y beneficiar a la constructora brasileña con el otorgamiento de la buena pro al consorcio del Tren Eléctrico (conformado por Constructora Norberto Odebrecht-Sucursal Perú y GyM S.A.), en el proyecto del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao-Línea 1, tramos 1 y 2.En contra de los funcionarios del régimen aprista pesa la imputación de haber creado empresas offshores, entre las cuales destacan Hispamar International, Oblong International y Ultone Limited.