Se debe declarar en emergencia los corredores de la minería ilegal en el país

La Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL), junto a Minera Poderosa y Minera Boroo Misquichilca, organizaron la conferencia: Minería ilegal en La Libertad: Un análisis bajo el enfoque periodístico; la cual fue impartida por el reconocido analista político y periodista Iván Arenas. El evento se realizó el 30 de octubre y reunió a periodistas de la región, quienes abordaron uno de los problemas más críticos que enfrenta el país.

Ivan Arenas analizó la compleja situación de la minería ilegal en La Libertad y explicó las diferencias cruciales entre minería informal, la denominada minería en vías de formalización y la minería ilegal; siendo esta última una actividad no autorizada y que se ejerce en zonas prohibidas por el Estado, pero que en los últimos años ha obtenido un poder que sobrepasa a las fuerzas políticas.

“La minería ilegal se sostiene a través de tres cadenas: corrupción, lavado de activos y la logística, conformando un circuito que va mucho más allá de la minería en sí misma y afecta diversos sectores de la sociedad”; mencionó.

Asimismo, recordó que este problema inició el año 2012, con el inicio de un proceso de formalización minera, a través del D.L. 1105, que daría origen al Registro Integral de Formalización Minera (REINFO); el cual es aprovechado por mineros ilegales para utilizar de manera inescrupulosa un mecanismo legal con la finalidad de proteger sus operaciones ilegales.

“El registro desde sus inicios se dio de manera indiscriminada, incluso los solicitantes nunca terminaron de consignar información completa o verídica respecto a cómo iban a operar. Por eso estimamos que alrededor del 60% de inscritos en el REINFO, jamás van a completar el proceso de formalización”, comentó.

Cabe mencionar que, en La Libertad, un total de 6,975 personas se registraron en el REINFO, de las cuales solo 2,147 mantienen su registro vigente, mientras el resto lo tiene suspendido.

En ese sentido, se planteó la necesidad de promover declaratorias de emergencia, que comprendan no solo un determinado territorio o distrito, considerar de manera integral a los principales corredores de la minería ilegal, que involucran rutas de transporte y comercialización que atraviesan diversas localidades y regiones.

La actual estrategia de sectorizar las zonas afectadas limita la capacidad de intervención de la Policía Nacional y el Ministerio Público, quienes enfrentan dificultades para frenar el avance de estas redes ilícitas bajo el marco legal vigente; destacó Ivan Arenas.

“No actuar de inmediato contra este problema significa exponer a nuestro país al riesgo de que actores relacionados con esta actividad ilícita tomen control de decisiones políticas en un futuro no muy lejano”, puntualizó.