Escribe: Alfredo Galindo

El 26 de enero del 2020 se realizará en el Perú las Elecciones Extraordinarias Complementarias convocadas por Martín Vizcarra Cornejo, Presidente de la República, para elegir a los nuevos integrantes del Poder Legislativo y con el propósito de terminar el período constitucional de cinco años del Congreso disuelto el 30 de setiembre del presente año.

Bajo esta premisa, entonces se colige que el período de vigencia del nuevo Congreso se iniciará probablemente en el mes de marzo del 2020 y concluirá el 26 de julio del 2021, es decir, los nuevos parlamentarios solo ejercerán funciones durante aproximadamente un año y cuatro meses, días más, días menos.

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Queda claro que será poco el tiempo del que podrán disponer los nuevos congresistas para realizar las tres funciones: la legislativa (presentar y aprobar proyectos de ley), la de fiscalización y control político (de los recursos públicos y de los funcionarios) y la de representación (de su circunscripción territorial ante el Ejecutivo), además de las funciones extraordinarias que establece la Constitución.

Sin embargo, los candidatos de los diferentes partidos políticos han iniciado una agresiva campaña electoral, donde se escuchan una serie de ofrecimientos y un sinfín de propuestas electorales, actuando como si fueran a postular a un escaño por un período congresal completo de cinco años, lo cual no es así ¿Ignorancia o propósito de mentir a la ciudadanía? Considero que aquí se presentan las dos cosas, porque en esta competencia electoral por llegar al Congreso y ocupar una de los ciento treinta escaños, al parecer, todo vale. Por ello es que ya es común escuchar una serie de propuestas donde unas resultan ser muy peculiares, otras controversiales y algunas hasta risibles por la imposibilidad de su realización.

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Empero, muy poco o casi nada se han pronunciado los candidatos sobre la agenda pendiente que dejó el anterior Congreso disuelto y que para el Perú tiene un carácter de prioritario. Tampoco han emitido opiniones relevantes sobre las normas dictados por el Poder Ejecutivo. Así, entre los temas que consideramos principales y que debieran ser tomados en cuenta están los siguientes:

  • Elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Recordemos que la misma quedó truncada la elección de los nuevos miembros debido la disolución del Congreso anterior, ocurrido precisamente el mismo día en que se producía la discutida elección de los magistrados. Uno de los elegidos fue el abogado Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea, primo hermano de Pedro Olaechea Álvarez Calderón, entonces Presidente del Congreso. Este hecho del parentesco generó una serie de suspicacias y polémica, lo cual fue muy bien aprovechado políticamente, pues, ello precipitó la decisión de disolución del Legislativo por parte del Presidente Martín Vizcarra, situación que sirvió en parte para justificar la medida y encontrar respaldo en la población.

Sabido es que existen hasta cinco magistrados del Tribunal Constitucional que ya han concluido su período de cinco años para el cual fueron elegidos. Sin embargo, para los candidatos en campaña, este hecho parece pasar totalmente desapercibido o le otorgan la importancia que el caso requiere, pues, no se plantean propuestas respecto a los juristas que podrían ser postulados, ni tampoco sobre la prioridad de la elección de los nuevos tribunos, lo cual es preocupante porque el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución y sus decisiones son de vital trascendencia para el país.

  • Eliminación de la Inmunidad Parlamentaria. La inmunidad parlamentaria es una garantía institucional del Poder Legislativo que protege la función congresal con la finalidad de prevenir e impedir que se inicien investigaciones, procesos penales y/o detenciones contra parlamentarios que tengan un contenido estrictamente político y con ello se pretenda obstruir la función del Congreso. Se encuentra establecida en el artículo 93° de la Constitución Política del Estado.

Sin embargo, hoy se ha encontrado cierto consenso en muchos novísimos candidatos quienes han manifestado sobre su firme intención de quitar esta prerrogativa de la que hoy gozan los congresistas. Es que existe la sensación de que la inmunidad está muy vinculada a la impunidad, es decir, que es una herramienta jurídica mal utilizada por muchos parlamentarios para no someterse a una investigación fiscal, evadir la acción de la justicia y responder por los presuntos delitos cometidos.

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El problema es que los candidatos no saben cómo hacerlo, pues desconocen que eliminar la inmunidad no es acto sencillo. Implica todo un procedimiento legal establecido en el artículo 206° de la Constitución, porque se trata de un cambio o modificación constitucional la misma que requiere de dos legislaturas ordinarias sucesivas, debiendo contarse con el voto de los dos tercios del número total de congresistas como mínimo (87 miembros), previo debate y dictamen de la Comisión de Constitución. Este procedimiento de reforma constitucional es una ruta desconocida por la mayoría de los novísimos candidatos que encontrarán un escollo, no solamente en su inexperiencia, sino en la férrea oposición de los congresistas disueltos que intentan volver a ocupar una curul y la de otros procesados a quienes definitivamente no les conviene.

  • Recibir los Decretos de Urgencia remitidos por la Comisión Permanente. Los decretos de Urgencia son instrumentos legales extraordinarios que tienen  fuerza de ley. Fueron utilizados por los gobiernos de Fernando Belaúnde, Alan García y Alberto Fujimori. Muchas veces tienen al abuso y alejarse de la constitucionalidad.

Luego de producida la disolución del Congreso por parte del Presidente de la República, éste empezó a gobernar mediante los denominados Decretos de Urgencia con cargo a ser remitidos ante la Comisión Permanente en funciones a efectos de su revisión, esencialmente de aquellos que no han merecido un informe favorable, ello en aplicación del artículo 135° de la Constitución que establece que es competencia de la Comisión Permanente “examinar los decretos de urgencia, y elevarlos al Congreso, una vez que este se instale”.

Desde el 30 de setiembre en que se produjo la disolución del Congreso a la fecha, el Poder Ejecutivo ha emitido una veintena de Decretos de Urgencia sobre diversas materias, entre ellos tenemos la que facilita el acceso a los medicamentos genéricos, la que establece  Partidas de Reserva de Contingencia a entidades del Gobierno Central y Gobiernos Regionales para inversión en áreas específicas de desarrollo, el que prohíbe el reajuste o incremento de las remuneraciones y bonificaciones, entre otros. Sin embargo, los candidatos de las diferentes tiendas políticas también han evitado pronunciarse sobre alguno de ellos, a pesar que contienen aspectos de trascendencia que hasta podrían ser materia de revisión por parte del nuevo Congreso.

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Aquí es donde surge la responsabilidad de los partidos políticos. Nuestro sistema político está regido por la partidocracia, es decir, el gobierno de los partidos políticos. Son estas agrupaciones las que presentan al electorado a sus candidatos al Congreso de la República. Por lo tanto, se presume que llevarán a lo mejor de su vitrina y que en el procedimiento de democracia interna, vía sus elecciones, se ha decidido por lo mejor, incluida la selección de sus invitados.

Pero la realidad nos dice lo contrario. Se denota mucha improvisación en los candidatos propuestos, quienes demuestran un total desconocimiento de la realidad y coyuntura nacional, otros carentes de experiencia política y de gestión que pretenden recién experimentar en el Congreso. Ello no es lo ideal, pues, las decisiones de trascendencia que deberá tomar el nuevo Parlamento y que hemos señalado líneas arriba, no está para improvisaciones o experimentos.

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Por ello resulta preocupante escuchar toda una retahíla de propuestas y ofrecimientos de los candidatos, las cuales serán irrealizables, o por ser muy quiméricas o porque el tiempo es demasiado corto. Sería positivo que deban concentrarse en la labor urgente que el nuevo Congreso debe asumir. El 2021 se realizarán las Elecciones Políticas Generales para elegir al Presidente de la República y congresistas para el período 2021 -2026. Allí los candidatos van a tener oportunidad de exponer toda esa gama de ideas y propuestas tangibles a sus electores. Hoy no es el momento, pues, de ser así se incurre en la politiquería barata y la demagogia. El incursionar en un proceso electoral con fines non santos e intereses estrictamente personales, o también hacer falsas promesas a sabiendas que no se van a realizar, prácticamente es lo mismo. El Perú necesita personas que hagan de la política decente su forma de vida y ello implica actuar con honestidad sin hacer falsas promesas y pensando en el bienestar general.