Una denuncia remese el Gobierno Regional de La Libertad (GRLL), y pone en evidencia el desacato a la ley por parte del máximo encargado de velar por los intereses del estado. Nos referimos al Procurador Público, Pedro Carlos Armas Plasencia, quien ha sido denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción por ejercer indebidamente la abogacía estando en la condición de inhabilitado por Colegio de Abogados de La Libertad.

El Manual de Organización y Funciones del GRLL, exige en sus requisitos estar colegiado y habilitado para el ejercicio profesional; sin embargo, el citado procurador incumple los requisitos de acuerdo a la norma, quedando impedido de ejercer su profesión de abogados; y peor aún, ejercer la representación legal plena del Gobierno Regional, en el ámbito de la legítima defensa de los intereses del estado.

En la misma línea de la denuncia, están otras funcionarias. Se trata de Karen Lilibet Supo Cornejo, abogada de la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de La Libertad, y Cecilia Jesús Ayala Ramos, Secretaria del Segundo Juzgado de Trabajo Permanente de Trujillo. Ambas colegiadas, se encuentran en situación de inhabilitadas en el Colegio de Abogados.

Pero este caso va más allá. La inhabilitación de los abogados antes mencionados es solo un parte de la denuncia por los presuntos delitos de Negociación Incompatible o Aprovechamiento Indebido del Cargo en Agravio del Estado.

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El denunciante, Manuel Benjamín Ruiz Briones, dirigente sindical de la Gerencia Regional de Educación La Libertad, hace de conocimiento a la fiscalía, que la Secretaria y Especialista del Segundo Juzgado de Trabajo Permanente de Trujillo, Cecilia Ayala Ramos,  desde hace 7 meses no ha cumplido en notificar a la casilla electrónica de la Procuraduría Pública del Gobierno Regional La Libertad, con lo cual se habría buscado beneficiar al demandante Jonatan Franklin Gutiérrez Asto, actual Sub Gerente de Gestión Institucional de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad.

En la misma denuncia, el denunciante enfatiza que el Procurador Público, Pedro Carlos Armas Plasencia, y la Abogada de la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de La Libertad, Karen Lilibet Supo Cornejo, presuntamente se habrían aprovechado de sus cargos para favorecer a Gutiérrez Asto.

La denuncia penal, también alcanza al Gerente Regional de Educación de La Libertad, Oster Paredes Fernández, a quien a través de reiterados escritos se le hizo conocer la real situación jurídica del servidor Jonatan Gutierrez Asto, Planificador II de la Sub Gerencia de Gestión Institucional; sin embargo, lejos de tomar alguna acción administrativa, el titular regional de la cartera de Educación omite  sus deberes funcionales y muy por el contrario lo designa como Subgerente de Gestión Institucional.