El gobierno de Pedro Castillo atraviesa una nueva crisis propiciada otra vez por la falta de transparencia del presidente de la República que ya linda con un silencio cómplice y delictivo. El procurador general Daniel Soria denunció al mandatario ante la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, al no recibir los nombres de las personas que se reunieron todo este tiempo y, de forma secreta, con Castillo en la casa del pasaje Sarratea, en Breña.
Soria tomó esta decisión luego de que Palacio de Gobierno, en una segunda respuesta, reconociera que no tenía registros de las visitas clandestinas de funcionarios y proveedores del Estado a esa casa, que únicamente salieron a la luz por la investigación que hizo el dominical Cuarto poder durante tres semanas.
Un caso puntual es el encuentro entre Castillo y Karelim López Arredondo, quien acudió al inmueble de Breña el 19 de noviembre –con un maletín en la mano–, días antes de que la empresa que asesoraba –Termirex S.A.C.– cerrara un contrato en consorcio por S/232 millones con Provías Descentralizado para la construcción de un puente vehicular en la región San Martín.
López, además, ingresó seis veces en octubre a Casa de Pizarro para reunirse con Castillo y el investigado exsecretario presidencial Bruno Pacheco, cuando el proceso de licitación de la obra seguía en curso.
Estas reuniones en Palacio y la negativa de Presidencia por entregar información de las reuniones clandestinas del jefe de Estado en Breña sustentan la denuncia del procurador general. Según su criterio, el presidente podría haber incurrido en los delitos de tráfico de influencia y patrocinio ilegal.
Soria también recomendó a la fiscal Ávalos, una vez abierta la investigación, no suspenderla, como lo hizo con el exmandatario Martín Vizcarra en el caso Richard Swing.
“Se sostiene que el artículo 117 de la Constitución no prohíbe que un presidente de la República en funciones sea investigado”, argumentó el defensor del Estado.
El presidente Castillo no ha emitido ningún pronunciamiento hasta el cierre de esta edición. La premier Mirtha Vásquez declaró brevemente ayer que el Ejecutivo “va a apoyar cualquier investigación”.
No obstante, Vásquez también había asegurado que Presidencia envió al procurador general los nombres de las personas que se reunieron con el mandatario en pasaje Sarratea. Y esa información, como se sabe ahora, nunca fue proporcionada porque no existió.
Tardío allanamiento
Pasaron 19 días desde que se conoció de las clandestinas reuniones en la casa de Breña y recién la fiscal Karla Zecenarro requirió esta semana al Poder Judicial una orden de allanamiento contra Karelim López y Bruno Pacheco.
Zecenarro hizo el requerimiento el último martes y el jueves, dos días después, el juez Manuel Chuyo dictó la medida. Solo López fue hallada en su vivienda de Pueblo Libre, Pacheco no se encontraba en su casa del Rímac.
La intervención se extendió a las viviendas de los dueños de las empresas que integraron el consorcio ganador de la buena pro con Provías Nacional, así como a las oficinas de las compañías.
Según la investigación fiscal, López habría coordinado con Víctor San Miguel y Héctor Pasapera López, representantes del consorcio ganador de la obra, sobre cómo debían proceder los miembros del comité de licitación de Provías Descentralizado, Víctor Valdivia y Edgar Vargas, para que se les adjudique el proyecto.
Si bien el juez Chuyo concedió el allanamiento de los inmuebles y la incautación de documentos, no aceptó la solicitud para intervenir las llamadas telefónicas de los investigados y tampoco autorizó hacer geolocalización a partir de las líneas telefónicas para identificar los lugares que habían visitado estas personas durante el tiempo.
fuente: Perú21
