En el Perú, las obras paralizadas han aumentado significativamente en un año, pasando de 2,298 proyectos detenidos en 2023 a 2,476 en 2024, con una inversión superior a los S/ 43,118 millones. La Contraloría identifica como principales causas los incumplimientos de contrato, disputas legales y deficiencias en los expedientes técnicos, mientras que la falta de financiamiento ha dejado de ser el principal problema.
La nueva Ley de Contrataciones del Estado (LGCP), que entra en vigor en abril, introduce medidas para evitar paralizaciones, como restricciones a los arbitrajes internacionales y la implementación de contratos estandarizados de uso internacional (NEC), diseñados para agilizar la entrega de proyectos. Sin embargo, especialistas advierten que estas herramientas no resuelven problemas estructurales, como la deficiente gestión contractual en las entidades públicas.
Además, la aplicación de la LGCP implicará un periodo de adaptación para los funcionarios, lo que podría ralentizar la obra pública en 2025. A esto se suma el impacto de las elecciones subnacionales, que traerán cambios en autoridades y equipos de gestión. Expertos insisten en que, más allá de las nuevas regulaciones, es necesario mejorar la planificación y ejecución de proyectos para evitar futuras paralizaciones.
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