En los últimos ocho meses, el Perú registró 13 mil 189 denuncias de personas o empresas que aseguran haber sido víctimas de la extorsión.
Es decir, al mes se presentan 1 648 denuncias nuevas a razón de 55 cada día.
La cifra no solo amenaza con mantenerse sino con agudizarse en lo que resta del año y superar las 15 mil 634 extorsiones que la Policía registró en los 12 meses de 2022.
Cada año, la extorsión ha ido en aumento. En 2021, fueron 4 461; en 2020, la Policía recibió 2 732 denuncias y en 2019 se llegó a 3 815.
Todas estas cifras fueron presentadas ayer por representantes del Poder Ejecutivo en la Comisión de Constitución del Congreso. Asistieron el premier Alberto Otárola, el ministro Vicente Romero (Interior) y otros miembros del Gabinete como Paola Lazarte (Transportes y Comunicaciones).
La visita ministerial buscó que el Parlamento entregue al Gobierno facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana -y en otros temas- por 120 días a fin de que ponga en marcha planes efectivos contra el flagelo delictivo que se expande imparable por todo el país.
“Sobre las incidencias del delito de la extorsión en el periodo 2019-2023 vemos claramente cómo ha subido y esperamos de alguna manera solucionarlo repotenciando con 200 policías de investigación que estamos por contratar en los próximos días en el asesoramiento, planificación en materia de investigación”, dijo Romero.
Dejó claro que entre las principales modalidades de extorsión de las mafias están el cobro de cupos, el rescate de vehículos, el contrato para matar y el famoso préstamo “Gota a Gota”.
De otro lado, el ministro del Interior aseveró con preocupación algunos de los números que afronta el país sobre hurto y robo.
Romero refirió que 4 734 celulares son robados al día, 197 por hora y 3 por minuto.
“La percepción de inseguridad actual es del 82.3%. El pico más alto que hemos tenido de percepción de inseguridad ha sido el año 2016 que llegó al 90%”, reconoció e insinuó que podríamos superar ese número en los próximos meses.
Concluyó sobre el problema del crimen en el país que también es consecuencia de la impunidad que logran los malhechores en estamentos de la justicia como el Ministerio Público y el Poder Judicial, así como en la propia Policía.
