El pasado 17 de noviembre, el expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, junto a su gabinete, planteó ante el Congreso de la República una cuestión de confianza para que el Parlamento apruebe la iniciativa del Ejecutivo derogue la Ley 31399, que protege la Constitución para limitar el referéndum.
Sin embargo, la Mesa Directiva decidió, en la reciente sesión del Pleno, rechazar de plano la cuestión de confianza solicitada por el Poder Ejecutivo; es decir, no la admitió a debate. A través de un pronunciamiento, el presidente del Congreso, José Williams, dijo que este mecanismo «debe cumplir requisitos constitucionales y legales vigentes en nuestro estado de derecho».
Para el presidente Pedro Castillo, se trata de un “rehusamiento expreso de la confianza”, tal como lo señaló en su mensaje a la nación, en el que aceptó la renuncia del primer ministro y anunció que renovará el Gabinete.
De acuerdo con los abogados constitucionalistas Alejandro Rospigliosi y Erick Urbina, solo el Congreso puede interpretar que una cuestión de confianza ha sido negada, rechazada o rehusada. Rospigliosi aseguró que el presidente “está violando la ley” y “poniéndose al margen del sistema constitucional peruano”.
En tanto, Urbina adelantó, poco antes de que se realizara el mensaje a la nación, que el presidente iba a caer en una infracción constitucional si interpretaba la decisión del Congreso como la primera negativa de la confianza.
Urbina añadió que si el Congreso no le entrega la confianza al nuevo Gabinete que se nombrará, y Castillo decide disolverlo, “claramente estará cometiendo un delito y podría ser inmediatamente apartado del cargo y puesto a disposición de la justicia”.
