LIMA. El acuerdo de colaboración eficaz entre la constructora Odebrecht y el Estado peruano es una realidad. Y es que el Poder Judicial ya homologó dicho documento, trámite que se aguardaba para que el convenio entre en vigencia y la empresa brasileña involucrada en actos de corrupción, por el pago de millonarias coimas a cambio de la adjudicación de importantes obras, facilite los elementos de convicción necesarios para probar tales delitos. Fue el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, de la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios, el que dio legalidad al mencionado documento el pasado lunes 17 de junio. El coordinador del Equipo Especial “Lava Jato” del Ministerio Público, Rafael Vela Barba, y el fiscal José Domingo Pérez confirmaron tal información en una conferencia de prensa en la que también estuvieron presentes el procurador ad hoc Jorge Ramírez Ramírez y su adjunta, Silvana Carrión Ordinola.

En la rueda de prensa, el fiscal superior Vela Barba precisó que el denominado Acuerdo de Beneficios y Colaboración Eficaz incluye una suerte de “adenda”, agregada durante una serie de audiencias reservadas que se desarrollaron entre las partes para afinar los detalles del documento.Sobre el tema, José Domingo Pérez precisó que el convenio -suscrito el 15 de febrero de este año- incluye un acta complementaria, del 20 de mayo, en la que se incluyen una serie de precisiones, entre ellas, las obligaciones que debe cumplir la constructora.

La procuradora Silvana Carrión destacó que la “adenda” hace referencia al tema de los arbitrajes -aunque solo detalló que apuntan a que el Estado pueda utilizar medios de prueba e instrumentos del acuerdo- y que garantiza, además, el pago de la reparación civil, la que asciende a S/610 millones, más S/150 millones más por concepto de los intereses que generará el pagar la primera suma a lo largo de 15 años.

“De cara a cualquier reorganización de la empresa, fusión, transformación, también se incorporó en esta acta complementaria una cláusula que precisaba que, a pesar de que la empresa colaboradora, en este caso la constructora Norberto Odebrecht, sufriera algunas de estas transformaciones societarias o alguna modificación, la nueva empresa, como se llame, seguirá asumiendo la deuda con el Estado peruano respecto a la reparación civil”, enfatizó.

Agregó que este cambio asegura el pago de la compensación, en especial debido al plazo establecido para su cancelación.A su turno, el procurador Jorge Ramírez precisó que los S/760 millones de reparación -por los tramos 1 y 2 de la Interoceánica Sur, la Costa Verde Callao, la Línea 1 del Metro de Lima y la Vía de Evitamiento en Cusco- se pagarán en el plazo antes mencionado con un fideicomiso de garantía.

Además, refirió que la constructora ya cumplió con cancelar S/435 millones que debía a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y otros S/65 millones por los casos “La Centralita” y la carretera Callejón de Huaylas-Chacas-San Luis, en Áncash. En la conferencia de prensa se destacó este candado debido a una preocupante información procedente de Brasil con respecto a que el holding Odebrecht S.A., núcleo del ya citado conglomerado empresarial, se declaró en quiebra para facilitar la reestructuración de $20,500 millones de deuda.

Sobre el tema, el congresista Víctor Andrés García Belaunde, quien integró la comisión “Lava Jato” del Parlamento, advirtió que tanto el acuerdo como el acta complementaria no garantizan que la compañía brasileña cumpla con abonar la reparación civil. En conversación con Correo, el legislador acciopopulista sostuvo que la quiebra del holding Odebrecht en Brasil dificultará que se cumpla con la obligación de la firma en el país, incluso hasta imposibilitarla.“ ¡Debió pagar al contado! ¡Hay dinero por (la venta de la hidroeléctrica de) Chaglla, S/1100 millones, que el ministro de Justicia (Vicente Zeballos) prometió que iba a ser para el Perú, pero permite que se lleven fuera, solo retienen S/60 millones de la primera cuota. ¡No hay garantías de que luego paguen!”, exclamó.También recalcó que el propio procurador Ramírez declaró que se optó por una cancelación de la compensación a 15 años debido a que la empresa en cuestión no tiene dinero.

En cuanto al acuerdo en sí, García Belaunde afirmó que la jueza que lo homologó, María Álvarez Camacho, perdió la gran oportunidad de observar algunos de sus aspectos, como, por ejemplo, el que Odebrecht no haya renunciado a todos los arbitrajes pendientes.“Creo que ha habido una intromisión, una presión del Gobierno a la jueza para que lo apruebe”, concluyó.

También con respecto al convenio, Rafael Vela refirió que la Fiscalía no hará pública la resolución que homologó el documento, precisamente porque es del Poder Judicial (PJ) y le corresponde a este hacerlo si lo considera oportuno.Sin embargo, subrayó que la sentencia no será secreta, pues se incluirá en los casos que involucren a la brasileña.“Todos los investigados y los abogados pueden tener acceso irrestricto a la misma. Es decir, pueden solicitar copias, pueden tomar conocimiento directo de las investigaciones, porque la sentencia se va a incluir en todas las investigaciones que tengan relación”, afirmó.

Agregó que la homologación del convenio permite al Ministerio Público declarar que toda la información que ha entregado la empresa a la fecha, así como su compromiso por continuar con la entrega de información, se encuentra plenamente asegurada.Asimismo, el también coordinador de las fiscalías de lavado de activos negó que Odebrecht esté en quiebra y afirmó que solo una de las empresas del holding es la que “tiene estos problemas y se acogió a un régimen de protección patrimonial”. Durante la conferencia, el fiscal superior reveló que el Equipo Especial “Lava Jato” maneja un total de 50 procedimientos de colaboración eficaz de personas naturales, así como cinco de personas jurídicas, entre ellos los de Odebrecht, OAS y Graña y Montero.

Colaboraciones

Vela detalló que, comparado con el caso de Odebrecht, en el de la empresa brasileña OAS fueron sus ejecutivos los primeros en acogerse a esta figura, y luego siguió la firma.De otro lado, adelantó que la Fiscalía estima que en julio interrogará a Léo Pinheiro, expresidente de OAS. “Se tiene previsto que continúen declarando los demás exejecutivos, para que después la empresa complemente esta información. Cuando esa fase finalice, seguirá la etapa donde se discutirá la reparación civil”, indicó.Explicó que con ello en agosto podría empezar la negociación de los procuradores sobre reparaciones civiles para cerrar un acuerdo de colaboración eficaz con OAS.

“Esta homologación transmite la seguridad jurídica para que otras empresas también puedan acogerse a este mecanismo”, resaltó. En otro plano, Vela manifestó que reciben apoyo de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para ampliar su presupuesto y contar con las facilidades logísticas que requiere el trabajo del Equipo Especial, respaldo que, no obstante, se desarrolla progresivamente.“Ya hemos culminado con las propuestas para que se amplíe la cantidad de fiscales del Equipo Especial y que exista también el espacio físico correspondiente, porque esa es otra dificultad”, puntualizó.