LA LIBERTAD. Los Centros de Salud Mental Comunitarios (CSMC) han sido creados en el Perú para contribuir a mejorar la salud mental, la calidad de vida de su población; y en particular de las personas con trastornos mentales y/o problemas psicosociales, sus familias y su comunidad, facilitándoles el acceso a los servicios de salud y a las acciones sanitarias de salud mental.
Lamentablemente, en la región norteña de La Libertad, los centros de salud mental comunitarios y el área de Salud Mental de la Gerencia Regional de Salud, son una “cosa de locos”. En el presente informe de investigación periodística, le contaremos algunos sucesos irregulares que van desde maltrato a los pacientes, falta de personal psiquiátrico, hasta graves denuncias penales contra la coordinadora regional de Salud Mental de la GERESA, Lyla Malabrigo Velásquez, y la servidora pública, Bertha Fernández Vásquez, quien forma parte de su equipo técnico.
PACIENTES MALTRATADOS
Los hechos ocurrieron en el CSMC “Abraza la Vida”, cuyo nombre dista mucho de la realidad, pues el personal de psicología habría cometido un abuso y una desatención contra un adolescente, quien llegó a este establecimiento del distrito de Pueblo Nuevo, en la provincia de Chepén, acompañado de su progenitora para recibir atención especializada; sin embargo, en el área de psicología, la encargada, Rosario Montoya, se negó atender al paciente, pese a que solo tenía dos consultas programadas durante el día.
OvejaNegra tuvo acceso al Informe dirigido, precisamente, a la jefe de este establecimiento de Salud Mental, Judith Correa Gonzales, donde la enfermera, Carla Carranza Saldaña, hace de conocimiento este abuso cometido contra el paciente, un menor de edad, que pudo haber sufrido un fatídico desenlace emocional, por la falta de atención oportuna en el CSMC “Abraza la Vida” de Chepén.
Este es un informe emitido por una enfermera del CSMC de Pueblo Nuevo – Chepén, en el que revela maltrato al paciente. La psicóloga de turno no quiso atender a un adolescente que requería urgente tratamiento.
LOS SUICIDAS ACUSAN
En la provincia liberteña de Chepén, se ha producido un suceso que llama poderosamente la atención, y que bien podría ser la consecuencia de una mala gestión administrativa y asistencial en el área de Salud Mental de la GERESA.
Ocurre que en menos de dos meses se han reportado tres suicidios. Una clara muestra de que algo no anda bien y que urge restructurar el área de salud mental en La Libertad.
Los infortunados que perecieron sucumbidos por una marea de problemas y crisis emocional son: Alipio Tirado Gamboa, Jhaylin Carrera Paredes, Yonancy Gómez Cruzado.
Chepén: Tres personas se suicidaron en menos de dos meses. Fatídica situación revela crisis en salud mental, y pésima gestión administrativa en la región La Libertad.
INAUGURAN CENTRO SIN PERSONAL
Hace unos días fuimos testigos de la inauguración, con bombos y platillos, de un nuevo centro de salud mental comunitario, en el sector Buenos Aires del distrito de Víctor Larco, el cual no cuenta con personal psiquiátrico.
Tras la inauguración, nuestro colaborador de OvejaNegra, acudió al mencionado establecimiento, y le dijeron que no había psiquiatra. Le pidieron deje su dirección, con el ofrecimiento que pronto irían a visitarlo.
Pero esto no es todo. Este CSMC ha sido inaugurado sin contar con certificado de Defensa Civil (no tiene señalización, ni extintores); tampoco, cuenta con licencia de funcionamiento.
GERESA La Libertad inauguró recientemente un CSMC en Buenos Aires – Víctor Larco. Pero hay un “pequeño” problema. No hay personal de psiquiatría. Básico, necesario y obligatorio.
DENUNCIADAS ANTE FISCALÍA
OvejaNegra accedió a reveladores documentos formalizados ante el Ministerio Público, en los que se advierten graves irregularidades cometidas por la servidora Bertha Fernández Vásquez; y la coordinadora de salud mental de la GERESA, Lyla Malabrigo Velásquez, quienes han sido denunciadas por la Comisión de Ostentación de Distintivos de Función o Cargos y Ejercicio Ilegal de la Profesión, respectivamente.
Esta es la denuncia ingresada al Ministerio Público, la cual da cuenta de graves delitos penales que estarían incurriendo la coordinadora regional de salud mental de la GERESA, y otro miembro de su equipo técnico.
Según la denuncia, Bertha Fernández, miembro del equipo técnico de Salud Mental de la GERESA, habría irrogado indebidamente el cargo de “Responsable de Salud Mental”, de la gerencia regional de Salud de La Libertad. Este hecho queda demostrado mediante Acta de Reunión Extraordinaria de Concurso Público CAS N° 003-2019-UTES T.E, en el cual se deja constancia que Bertha Fernández se presentó como responsable del Área de Salud Mental de la GERESA, para exigir, en tono prepotente, se muestren los exámenes tomados a los postulantes de psicología. Es decir, usurpó atribuciones que no le correspondía.
Esta es el acta que da cuenta de usurpación de funciones cometidas por la servidora pública, Bertha Fernández, al irrogarse un cargo (Responsable de Salud Mental) que no le corresponde.
El artículo 362° de nuestro Código Penal, dice: “El que, públicamente ostenta insignias o distintivos de una función o cargo que no ejerce, o se arroga grado académico, título profesional u honores que no le corresponden, será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de un año o con prestación de servicio comunitario de diez a veinte jornadas”.
A ello se suma, que Bertha Fernández, pese a estar Inhabilitada en el colegio profesional de Psicólogos, desde el 28 de noviembre de 2018, estuvo ejerciendo funciones en la entidad estatal, como psicóloga.
Según el Colegio de Psicólogos de La Libertad, Bertha Fernández Vásquez, se encuentra Inhabilitada desde el 28 de noviembre de 2018.
El caso de la coordinadora de Salud Mental, Lyla Malabrigo Velásquez, es similar, toda vez que estando Inhabilitada en el Colegio de Psicólogos desde el 29 de octubre de 2018, venía ejerciendo las funciones al mando de su área como psicóloga.
Lyla Malabrigo Velásquez, Coordinadora regional de Salud Mental, ejerció funciones de Psicóloga en la GERESA, pese a estar Inhabilitada desde el 29 de octubre de 2018 en el Colegio de Psicólogos.
Al consultarle sobre el particular al presidente de la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales, Dr. Carlos Alva Jara, manifestó contundentemente que la ley es clara. “Los funcionarios del estado que ejercen funciones en el aparato público, están obligados a contar con la habilidad del colegio profesional respectivo, caso contrario estarían incurriendo en un delito penal”, puntualizó el máximo representante de la CITE.
En este caso, el artículo 363 del Código Penal dice: “El que ejerce la profesión sin reunir los requisitos legales requeridos será reprimido con una privativa de la libertad, no menor de dos ni mayor de cuatro años”. La pena será no menor de cuatro, ni mayor de ocho años, si el ejercicio de la profesión se da en el ámbito de la función pública, o prestando servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual.
