LA LIBERTAD. La cabeza de la jefa zonal de Provías, Liz Arroyo Rubio, está pedida. Un documento ingresado al despacho del presidente de la República, Martín Vizcarra, con fecha 29 de enero de 2020, pone en tela de juicio la designación de la cuestionada funcionaria quien fue colocada en el cargo en julio de 2018.
El nombre de Liz Arroyo, es bastante conocido, fue gerente de Obras Públicas del controvertido ex alcalde trujillano Elidio Espinoza Quispe; de allí precisamente los cuestionamientos a Arroyo Rubio, cuando ocupaba el cargo de confianza en la comuna edil.
Según el documento enviado a Vizcarra, Arroyo Rubio, actualmente es investigada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad, por la presunta sobrevaloración de la obra de la Plaza de Armas de la ciudad de Trujillo. En tanto, la Oficina Regional de Control de La Libertad a cargo de Rony Rubina, habría encontrado responsabilidades civiles y administrativas en a Liz Arroyo Rubio y otros funcionarios de la MPT, por la presunta sobrevaloración de más de 700 mil soles en la obra de Remodelación de la Plaza Mayor.
En su defensa, Liz Arroyo, señala que esta denuncia esta en investigación a nivel de Fiscalía; sin embargo, enfatiza que el informe de la Oficina Regional de Control de La Libertad haya responsabilidad civil y administrativa, más no penal; es decir, nunca hubo dolo, indica la funcionaria del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
De otro lado, el mismo documento acusatorio señala, líneas abajo, que la Contraloría General de la República detectó un perjuicio contra la Municipalidad Provincial de Trujillo – MPT, por cerca de dos millones de soles en pago a la empresa que construyó el Ovalo Grau, hecho que conllevo a que el Procurador Público de la Municipalidad Provincial de Trujillo interponga la respectiva denuncia penal contra la exgerente de Obras de la Municipalidad Provincial de Trujillo.
La acusada, niega esta afirmación, y nos muestra un documento de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, con carpeta fiscal N° 168 – 2017, donde figura una relación de exfuncionarios investigados, menos ella. Su nombre más bien aparece en calidad de testigo.
Otro de los procesos que revela el documento es por un presunto abuso de autoridad, contra los propietarios del establecimiento de diversión Mi Facultad, con razón social Mi Facu SAC., al haberse allanado el inmueble de manera irregular sin una orden judicial y generando daños materiales.
La funcionaria señala que el caso quedo archivado por la Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo al no hallarse responsabilidad que atente contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad.
Liz Arroyo, asegura que esta acusación busca sacarla del cargo, y obedece a un acto de venganza por parte de trabajadores de la institución que ella dirige. Según manifiesta, al momento de su designación en el cargo, los altos funcionarios del MTC, conocían su situación legal y administrativa. Sin embargo, OvejaNegra, tuvo de conocimiento que en las próximas horas, nuevos elementos de prueba serán ingresados al despacho presidencial de Martín Vizcarra, para sustentar la denuncia hecha contra la jefa zonal de Provias en La Libertad. Todo hace indicar que la guerra está declarada.
