Tal como ha ocurrido en los últimos meses, una vez más, el Gobierno ha prorrogado estado de emergencia en la provincia de Pataz. Técnicamente, esto significa que, la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, en el claro propósito de lucha contra la minería ilegal.
Pero, ¿realmente esto ocurre? Todo indicaría que la disposición del Estado peruano no suma en afrontar la criminalidad existente en esta zona del ande de la región La Libertad, pues, cambios considerables no se han logrado notar, incluso, desde el asesinato de trabajadores de la minera Poderosa, al interior de un socavón.
Al respecto, hasta la fecha, la Policía Nacional del Perú no ha dado con los responsables, pues, en su momento se detuvo a un grupo de sujetos, presuntamente, involucrado en el masivo asesinato, sin embargo, fueron liberados por no tener pruebas suficientes y no estarían involucrados en dicho crimen.
Por su parte, el experto en seguridad y terrorismo, Pedro Yaranga, explicó que la presencia policial a la localidad de Pataz no resuelve mucho, asegurando que no existen estrategias claras para afrontar este problema.
«Las bandas criminales se han fortalecido desde hace 4 años y ahora que llegaron más policías solo han salido de Pataz, hacia otras ciudades, no hay estrategias claras para erradicar todo esto», expresó.
Estado de emergencia
A través del Decreto Supremo 002-2024-PCM, publicado en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, el Poder Ejecutivo prorrogó el estado de emergencia en la provincia de Pataz, La Libertad, a partir del 15 de enero del 2024.
El dispositivo precisa que la Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas (FF. AA.).
Asimismo, indica que durante la prórroga se aplica lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 137 de la Constitución, en lo que concierne a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.
El dispositivo precisa que dentro de los cinco días hábiles posteriores al término del estado de emergencia prorrogado, la Policía Nacional debe presentar al titular del Ministerio del Interior, un informe detallado de las acciones realizadas durante la prórroga del régimen de excepción y los resultados obtenidos.
