La inseguridad ciudadana es una de las mayores preocupaciones en el Perú, afectando la calidad de vida y la economía. Según el INEI, al tercer trimestre del 2024, más de la mitad de los hogares identificó la delincuencia como un problema grave. Las extorsiones, robos y amenazas han aumentado, mientras que las limitaciones de equipamiento y precariedad de la infraestructura policial agravan la crisis.
Desde el 2019, las denuncias por extorsión se han multiplicado por seis a nivel nacional, afectando especialmente a comerciantes y microempresarios. La Libertad es la región más golpeada, con un aumento de cuatro veces en denuncias respecto al 2019. La criminalidad genera pérdidas económicas equivalentes al 2,8% del PBI, mientras que el presupuesto del Ministerio del Interior se ha reducido en más de 18% entre 2019 y 2025, debilitando la capacidad policial.
La precariedad de recursos limita la operatividad policial: solo el 25% de las comisarías cuenta con radios portátiles y apenas el 4% con GPS. Además, menos de la mitad de estas tiene el certificado de seguridad estructural. El déficit de personal también es crítico, con solo 155 policías por cada 100,000 habitantes, por debajo del estándar de la ONU (180). Para revertir la crisis, es clave fortalecer a la policía, mejorar su equipamiento e infraestructura y fomentar la cooperación público-privada para una mayor inversión en seguridad.
