Este viernes 24 de setiembre el expresidente peruano Alejandro Toledo Manrique le pedirá a un juez de Estados Unidos que rechace un pedido para su extradición al Perú, argumentando que el caso de soborno en su contra se basa en testimonios falsos.
Según recordó el portal estadounidense Court House News, el exmandatario, cuyo mandato transcurrió entre el 2001 y 2006, cumple arresto domiciliario en el Área de la Bahía de San Francisco, luego de haber estado en la cárcel desde su detención en julio del 2019. Debido a la pandemia del COVID-19, se modificó su régimen carcelario.
“Después de más de dos años de batallas legales, una audiencia sobre la moción del exjefe de estado para denegar la extradición está programada para el 24 de setiembre en San Francisco, después de lo cual su destino estará en manos de un juez magistrado federal”, señala Court House News en un artículo.
Toledo es uno de los cuatro expresidentes peruanos implicados en una amplia investigación de corrupción que involucra a la constructora brasileña Odebrecht. La compañía, que cambió su nombre a Novonor el año pasado, admitió haber desembolsado US$ 788 millones en sobornos para 100 proyectos financiados por el gobierno en una docena de países latinoamericanos diferentes, incluidos México, Argentina, Brasil y Perú.
La empresa incluso tenía su propio departamento de sobornos para pagar sobornos a los políticos. Odebrecht y su afiliada Braskem acordaron pagar US$ 3,600 millones en multas penales por el esquema de corrupción masiva en el 2016.
En el 2019, el expresidente peruano Alan García se suicidó cuando la policía llegó a su casa para arrestarlo por cargos de corrupción relacionados con el escándalo de Odebrecht.
Toledo enfrenta cargos de soborno y lavado de dinero. Los fiscales dicen que hizo arreglos para que Odebrecht le pagara US$ 35 millones a cambio de un lucrativo contrato para construir dos tramos de la Carretera Interoceánica, un proyecto de US$ 2,000 millones completado en el 2012 que une los océanos Pacífico y Atlántico con una carretera de 2,575 km (1,600 millas) a través de Perú y Brasil.
El expresidente afirma que dos testigos clave, un empresario israelí y ex ejecutivo de Odebrecht, testificaron falsamente en su contra para evitar ser enjuiciados. También dice que los registros bancarios que muestran transferencias de más de US$ 31 millones a través de varias cuentas y corporaciones fantasma no prueban que el dinero fue destinado a su beneficio.
El estándar para decidir si extraditar a alguien según la ley de Estados Unidos se basa en una causa probable o si hay suficiente evidencia para sustentar cargos penales contra un acusado. Después de sopesar los argumentos de ambas partes, el juez federal Thomas Hixson decidirá si el expresidente de 74 años debe ser enviado de regreso para enfrentar cargos en un tribunal de justicia peruano.
Fuente: Diario Gestión
