La delincuencia no solo perjudica a los ciudadanos, sino también a la economía, limitando la inversión privada, la productividad y el crecimiento, como muestran los distintos estudios analizados.
El FMI publicó un estudio sobre los efectos macroeconómicos de la delincuencia en América Latina y el Caribe, destacando que la inseguridad es un obstáculo clave para la prosperidad de la región. A pesar de representar solo el 8% de la población mundial, la región concentra un tercio de los homicidios globales. Encuestas recientes revelan que el 20% de la población ha sido víctima de un delito y el 30% considera la delincuencia como el principal desafío. Los costos directos de la criminalidad, incluyendo pérdidas y gastos en seguridad, alcanzan el 7% de las ventas.
El informe concluye que la delincuencia afecta gravemente la economía, reduciendo la inversión, la productividad y el crecimiento. Un aumento del 10% en los homicidios disminuye la actividad económica en un 4%, mientras que reducir la tasa de homicidios a la mitad podría incrementarla en 30%. El crimen organizado agrava la situación, elevando los costos de hacer negocios y debilitando el desarrollo local. Además, la inseguridad se intensifica en momentos de crisis económica, alta inflación y desigualdad, mientras que la falta de denuncias fomenta la impunidad.
En lugar de solo aumentar el gasto en seguridad, el estudio recomienda optimizar su eficiencia y fortalecer las instituciones de justicia. Propone un enfoque integral que coordine mejor los distintos niveles de Gobierno y la sociedad civil, además de promover la estabilidad económica y el acceso a empleo para los jóvenes. No basta con combatir el crimen; es fundamental abordar sus causas. Sin embargo, en países como el Perú, el incremento del crimen organizado y las economías ilegales sugiere que aún no es una prioridad para las autoridades.
