La inseguridad ciudadana le cuesta al Perú aproximadamente US$5,800 millones, según el presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Roberto de La Tore. Este alto costo representa un serio obstáculo para reducir la pobreza, que en 2024 afectó al 27.6% de la población. Además, el país aún tiene 2.9 millones de personas más en situación de pobreza en comparación con los niveles previos a la pandemia.
De La Tore remarcó que la seguridad ciudadana es un derecho constitucional clave para fortalecer la democracia, la igualdad de oportunidades y la confianza ciudadana. Afirmó que la violencia y criminalidad no solo afectan la calidad de vida, sino también frenan la inversión y el desarrollo del país. En ese sentido, hizo un llamado a no conformarse con respuestas a medias y a exigir medidas firmes frente a esta problemática.
Por otro lado, la CCL advirtió que el 31.8% de la población —equivalente a 10.9 millones de personas— no es pobre, pero vive en situación de vulnerabilidad y podría caer en la pobreza ante eventos adversos como desempleo, cierre de negocios o enfermedades. Para evitarlo, se destacó la urgencia de impulsar el crecimiento económico sostenido.
