El Gerente del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC (PECH), respondió que su institución desde hoy, y antes, ha venido y viene defendiendo los intereses institucionales que son los del Estado, ello lo expresó al tener conocimiento de la difusión del Informe Específico N° 009 – 2024 – 2 – 0608 – SCE, por parte de la Contraloría General de la República (CGR), denominado “Pagos de Costos Financieros e Intereses Legales Derivados de Laudo Arbitral”.
En dicho informe la CGR argumenta una inadecuada defensa legal de los intereses del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC (PECH), por parte del abogado externo contratado para la defensa de los procesos arbitrales (período 2015-2023), así como cuestiona la conformidad del Servicio a dicho abogado, otorgada en calidad de parea usuaria por parte de funcionarios que ocuparon la Jefatura de Asesoría Jurídica (período 2016 – 2023). El Gerente de la irrigación liberteña afirmó que emitido el laudo, el PECH, a través de su abogado externo, quien tenía poder especial para ello; ejercitó las acciones legales permitidas por Ley a fin de conseguir la anulación del mencionado laudo, por resultar contario a los intereses del PECH.
Cabrera Carlos manifestó que la decisión final la tuvo el poder judicial, sin embargo en todo momento se actuó en plena defensa de los intereses del Estado, y recordó que el Laudo emitido a favor del contratista Energoproject, fue recurrido vía anulación del Laudo ante el Poder Judicial, la misma que no fue aceptada. Dicho Laudo otorgó una ampliación de plazo a la empresa que el PECH no aceptó, por ello interpuso escrito de Contradicción contra la ejecución del Laudo, si bien el poder judicial no amparo la Contradicción de Laudo, El PECH tuvo que hacerlo en defensa de los intereses del Estado.
Al realizarse las acciones de defensa transcurrió el tiempo y generaron intereses, eso es lo que la Contraloría está observando, en otras palabras, nos cuestionan por qué no pagamos de inmediato a Energoproject, cuando nuestra posición era, y es, cautelar permanentemente los intereses del Estado, y eso no significa pagar de inmediato, sino asumir la defensa de los intereses del PECH, aseveró Jhon Cabrera.
Cabe recalcar que el Abogado Externo contratado actuó en todo momento por delegación especial de la Procuraduría Publica Regional; por ello precisa que el único órgano competente en fiscalizar y determinar responsabilidades funcionales en la actuación de los órganos de defensa (por omisión); así como negligencia en sus actuaciones es la Procuraduría General del Estado (antes Consejo de Defensa Jurídica del Estafo) más no la Contraloría; causa extrañeza, en el presente Informe, que se hayan emitido juicio de valor cuestionando la labor de defensa en los procesos que el PECH inició con la finalidad de defender sus intereses, situación que merecerá un pedido de esclarecimiento al Jefe de la Contraloría General de La República.
Defender los intereses del estado y del PECH, siempre es y será nuestra labor, concluyó.
