El abogado especialista en temas inmobiliarios y civiles, Piero Benavides Roldán, advirtió que en el Congreso de la República se pretende aprobar un proyecto de ley que beneficiará a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de terrenos, delito que en La Libertad perjudica a empresas privadas y al proyecto especial Chavimochic.
Explicó que se trata del proyecto de ley N° 7806/2020-CR, denominado: “Ley de promoción y nuevo procedimiento de acceso a la vivienda social, y a los créditos de vivienda del Estado, a favor de los sectores más necesitados”, el cual ha sido presentado por el congresista de Acción Popular, Juan Carlos Oyola Rodríguez. “En el proyecto se plantea que los programas y créditos del Fondo MiVivienda puedan financiar la construcción de un inmueble por parte de un poseedor inmediato, vía prescripción adquisitiva. Ese ‘poseedor inmediato’, se interpreta, que es aquella persona que está en contacto directo con el bien, es decir que ocupa el terreno, sin importar la legalidad jurídica de su ocupación, como, por ejemplo, contar con el título de Registros Públicos.
Como se sabe, los requisitos para la prescripción de un terreno, señalados en el Código Civil, son la posesión continua, pacífica, pública durante 5 o 10 años dependiendo si se actúa de buena o mala fe”, detalló.
Benavides Roldán indicó que el proyecto plantea, además, en su artículo 3, que el procedimiento para acceder a este crédito sería: contar con un certificado de posesión del municipio provincial, contar con un certificado emitido por un notario público que de fe que reúne los requisitos legales para la prescripción del terreno, y tener el cargo original del escrito de inicio del procedimiento de prescripción administrativo o judicial respectivo. “En nuestra consideración, este proyecto de ley representa un serio atentado contra la propiedad privada y alienta la realización de invasiones, ya que ahora el Estado incluso podría financiar las construcciones de los invasores o traficantes de tierras. Lo que resulta realmente preocupante, es la potencial vulneración del orden jurídico, al debido proceso, y por ende a la paz social. Solo se exige que el notario de conformidad con la aparente reunión de los requisitos legales, toda vez que no le corresponde hacer una valoración de los mismos”, advirtió el especialista.
