Tras la detonación de un explosivo frente a la sede del Ministerio Público en Trujillo, en pleno estado de emergencia, la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) ha identificado que La Libertad enfrenta serias carencias en personal capacitado y equipamiento adecuado para garantizar la seguridad de sus ciudadanos.
«A noviembre de 2024, La Libertad contaba con más de 5,000 policías, lo que equivale a apenas 2.4 efectivos por cada 1,000 habitantes, la segunda tasa más baja del país, solo por encima de Lima. Esta cifra resulta alarmante, especialmente en un contexto en el que se requiere una respuesta firme y efectiva contra la creciente inseguridad, impulsada por el aumento de delitos como la extorsión y los homicidios. Estos crímenes no solo generan un clima de miedo y desconfianza, sino que están impactando gravemente en la convivencia social y la economía local, afectando directamente la calidad de vida de los ciudadanos», señaló Carlos León, economista de REDES.
Precisamente, entre 2018 y 2024, los casos de extorsión en La Libertad se incrementaron un 420%, pasando de 868 a 4,517 denuncias, convirtiéndose en la segunda región con mayor cantidad de reportes por este delito. Además, los homicidios perpetrados con armas de fuego aumentaron un 213%, pasando de 54 a 169 denuncias.
Del mismo modo, el especialista subrayó la deficiencia de infraestructura en el sistema policial de La Libertad. Un 32% del parque vehicular policial está inoperativo, lo que afecta su capacidad de respuesta ante emergencias. Además, la conectividad en las comisarías es limitada y las radios, insuficientes. De las 81 comisarías, solo 41 cuentan con servicios básicos adecuados, y solo 24 tienen su infraestructura en buen estado.
Estrategias para cada tipo de delito
Ricardo Valdés, exviceministro de Seguridad Pública, señaló que es fundamental reconocer que la lucha contra el crimen requiere estrategias diferenciadas y no todos los delitos pueden resolverse con la misma táctica.
Por ejemplo, para casos de homicidios o delitos organizados, la clave no está solo en el control territorial, sino en una estrategia de investigación criminal sólida, apoyada por inteligencia y análisis de datos. En tanto, para los delitos como extorsiones, tendría que incidir la seguridad informática, pues las vías de amedrentamiento pueden estar digitalizadas, ya sea por teléfono, aplicaciones de mensajería o redes sociales.
“Sin tecnología avanzada, es imposible recopilar, analizar y cruzar la información sobre las organizaciones criminales, lo que deja a las fuerzas de seguridad en desventaja frente a los delincuentes. El déficit de policías no es el problema principal, sino la falta de capacitación técnica y el uso de tecnología avanzada. A través de la inteligencia, por ejemplo, es posible realizar el monitoreo de entradas y salidas en estaciones del metro o el cruce de información proveniente de diferentes fuentes de seguridad”, sostuvo Valdés.
Las unidades de criminalística en el país enfrentan serias deficiencias que afectan la investigación de crímenes complejos. Según información al 2023 publicada por el Ministerio del Interior, la Oficina de Criminalística (OFICRI) de Trujillo está equipada solo al 28%, lo que impide que decenas de crímenes puedan resolverse. En tanto, a nivel nacional, desde la implementación del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), solo el 24% de las investigaciones por robos, homicidios y otros delitos llegaron a juicio, mientras que el 76% se archivó por falta de recursos y equipos adecuados.
Si analizamos el presupuesto, se observa que, en 2024, el monto destinado a seguridad ciudadana en La Libertad, entre los tres niveles de gobierno, fue de S/ 286 millones; sin embargo, no se alcanzó a ejecutar la totalidad del mismo. Para 2025, el presupuesto se redujo en un 6.6%, alcanzando los S/ 267 millones, lo que representa una disminución de casi S/ 19 millones en comparación con el año anterior.
«Ante el panorama que enfrentamos, tengamos presente que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad y bienestar de sus ciudadanos, un derecho que busca la protección de la vida e integridad. Solo mediante estrategias focalizadas –que incorporen un plan articulado, la mejora de la formación policial y la implementación de equipamiento adecuado–, el Estado podrá cumplir su rol de combatir la criminalidad, permitiendo que los ciudadanos trabajen en un ambiente seguro y que los emprendedores puedan desarrollar sus negocios sin temor. La Libertad tiene potencial para garantizar su crecimiento sostenido, pero necesita enfrentar firmemente la inseguridad», concluyó León.
