La paralización de obras, irregularidades en contratos y otros hechos que se dan reiteradamente en las entidades del Estado terminan afectando duramente a la población. En La Libertad, hay estudiantes que no pueden retornar a sus aulas porque no se cumplieron los plazos, como en el Colegio María Negrón, Ramiro Ñique y el Víctor Andrés Belaunde.
Ante esta situación, desde la Contraloría, el gerente de control de La Libertad, Joan Ramírez Merino, precisó que, esta entidad ahora ya puede volver a sancionar a los funcionarios que resulten implicados en serias irregularidades.
“Nosotros ya contamos con una nueva estructura de responsabilidad administrativa y funcional, el denominado PAS, el procedimiento administrativo sancionador y esto ya está en vigencia desde el segundo semestre del año pasado, entonces cualquier tipo de acción o de responsabilidad que se identifique y que abarque desde el semestre del año pasado hasta la fecha, es pasible de ser incluido dentro de nuestra responsabilidad administrativa y funcional a cargo de la Contraloría”, afirmó.
Sin embargo, precisó que detrás de la decisión hay un informe especial por parte de la Contraloría y recalcó que la disposición no es retrógrada. Actualmente, en Trujillo, la Contraloría indaga en contratos y alquileres de Beneficencia de Trujillo.
“A través de esa responsabilidad administrativa, el funcionario público puede ser inhabilitado, apartado de la administración pública. Eso se dispone por un plazo determinado y se deriva de un servicio de un control y de un informe en el que se identifica responsabilidad”, añadió.
