La omisión y protección en el caso de los presuntos actos ilícitos en el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma han generado dudas sobre la falta de sanciones administrativas y la ausencia de penalidades contra el proveedor.
La denuncia penal presentada ante la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Santiago de Chuco señala la falta de acción por parte de Qali Warma, pese a las serias acusaciones contra la Directora Ejecutiva María Mónica Moreno Saavedra, la Jefa de la Unidad Territorial en La Libertad Flor de María Chávez Salazar y el Jefe de la Unidad de Supervisión Monitoreo y Evaluación Percy Reategui Picón.
El escándalo se centra en la conserva de bofe de res marca Qali Thani, fabricada por CAAS Alimentos SAC y distribuida por el Consorcio Salinas Aredo. A pesar de un informe contundente del Ministerio de Salud que declaró el producto como NO APTO PARA CONSUMO HUMANO, Qali Warma no ha aplicado sanciones administrativas ni ha impuesto penalidades al proveedor.
La denuncia, originada en una alerta anónima del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, destaca la aparente complicidad de los funcionarios en la producción y comercialización ilegal de alimentos destinados al consumo humano. Aunque se constató la presencia de conservas sin fecha de vencimiento en una institución educativa y se presentaron pruebas al Comité de Transparencia, la medida preventiva sobre el producto fue levantada, según la denuncia, protegiendo los intereses del Consorcio Salinas Aredo.
La falta de acciones sancionatorias administrativas genera cuestionamientos sobre la actual gestión de Qali Warma y su aparente protección al proveedor implicado. ¿Porqué, hasta la fecha, no se han aplicado penalidades ni resuelto el contrato con el consorcio? Esta omisión administrativa pone en tela de juicio la integridad del programa y sus protocolos de seguridad alimentaria.
