El Gobierno Regional de La Libertad, a través de la Gerencia Regional de Educación, en trabajo conjunto con el Ministerio Público, realizaron una nueva inspección inopinada a las instituciones educativas de la provincia de Trujillo con el fin de monitorear el cumplimiento de las normativas establecidas y detectar algún tipo condicionamiento de la matrícula, la cual debe ser gratuita.
Uno de los colegios visitados fue el Pedro Mercedes Ureña, del distrito de Trujillo, donde se identificó que si bien ahí no se está condicionando la matricula con algún tipo de pago, ni tampoco tienen Apafa, se evidenció que hay comités de aulas que aparentemente están solicitando cobros.
«Por esta situación se le ha hecho observaciones al director para que regularice esta situación y trabaje de manera correcta», mencionó el gerente de Educación Martín Camacho, quien estuvo acompañado de un funcionario de la Fiscalía de Prevención del Delito.
Además, se recomendó reubicar al comité en una zona correcta para no exponer los uniformes de la I. E. en la subdirección, a fin de no generar rumores de comercialización de materiales o accesorios a los padres de familia.
Pedían pagos por nivelación de curso
Por otro lado, en la I.E. Túpac Amaru II, del distrito de Florencia de Mora, madres de familia se acercaron a manifestar que les exigen un pago por concepto de nivelación por curso a recuperar. La directora encargada, en su defensa, manifestó que el programa de reforzamiento y nivelación es parte de su Plan Anual de Trabajo.
Camacho Paz resaltó la importancia de la presencia del Ministerio Público como soporte en las visitas inopinadas para determinar la existencia de irregularidades en las II.EE.
Además, señaló que este año se verificará de manera rigurosa el cumplimiento del reforzamiento escolar en todas las II.EE. y así evitar estas malas prácticas que afectan la economía de los padres de familia y el libre derecho a la educación estudiantil. Además el titular regional de Educación recalcó que está prohibido la difusión de publicidad privada en locales escolares.
Por su parte, el representante de la Fiscalía de Prevención del Delito mencionó que se ha recabado información necesaria sobre la presunta irregularidad y se evaluará el caso si es objeto de coacción que conlleve a una responsabilidad no solo civil, sino también penal.
Sobre lo detectado mencionó que podría iniciarse una investigación o derivarse a la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios. Afirmó, además, que seguirá coadyuvando a la GRELL, a través del elemento sorpresa, por la legalidad de los procedimientos educativos en concordancia con las normativas vigentes.
