Desde el 11 de enero, la compañía minera Minsur que opera la unidad minera San Rafael en la provincia puneña de Melgar, suspendió operaciones debido a las protestas en esta región. A la fecha, se calcula una pérdida de 472 millones de soles por ventas de mineral concentrado que no pudieron colocarse en el mercado internacional.
De esa cifra, se estima que el Estado dejó de percibir S/124 millones de Impuesto a la Renta (IR), regalías e Impuesto Especial a la Minería. Para el Gobierno Regional y municipios de Puno, el impacto se sentirá el próximo año, cuando se abonen los impuestos correspondientes al ejercicio 2023, sobre todo el IR.
Asimismo, la paralización de la unidad minera afecta a 4 500 trabajadores directos e indirectos que laboran para esta unidad minera. Asimismo, los proveedores locales también se han visto perjudicados pues son unos 250 pequeños negocios locales en Antauta y Ajoyani que dependen directamente de las ventas que le hacen a la unidad minera.
