El Estado peruano no viene cumpliendo adecuadamente su rol constitucional y evidencia una marcada ineficiencia en la administración de los recursos públicos. Antes de continuar destinando fondos para rescatar empresas estatales como Petroperú, debería priorizar la solución de los problemas más urgentes del país, como la inseguridad ciudadana y el avance de la minería ilegal.
En esa línea, Pedro Chirinos, jefe de asuntos legales de COMEX PERÚ, señaló que “el Estado ha perdido la lucha contra la inseguridad ciudadana”. Añadió que las declaratorias de emergencia no están dando resultados concretos y que las extorsiones se han normalizado a un nivel insostenible.
Asimismo, sostuvo que el Estado debe asumir plenamente su función garantizando seguridad jurídica, predictibilidad y mecanismos eficaces para denunciar casos de corrupción y extorsión, fenómenos que —según indicó— están estrechamente vinculados.
Respecto al sector minero, Chirinos criticó la aprobación de un dictamen que sanciona a la minería formal retirándole concesiones inactivas. Explicó que activar una concesión minera no depende únicamente de la empresa, sino de largos procesos de estudios técnicos, permisos sociales y licencias, cuyos retrasos suelen originarse en la propia burocracia estatal. “El Estado te demora y luego te castiga por demorarte”, afirmó. Advirtió, además, que estas concesiones podrían terminar siendo entregadas a mineros informales, lo que terminaría favoreciendo indirectamente a la minería ilegal en lugar de combatirla.
