En un esfuerzo por enfrentar el alarmante incremento de la criminalidad en el país, César Acuña, líder de Alianza Para el Progreso (APP) y actual gobernador de La Libertad, presentó un proyecto de Ley de Reforma Constitucional, que busca facilitar el levantamiento del secreto bancario, de las comunicaciones y telecomunicaciones en casos de graves delitos.
La propuesta pone en el centro de la discusión una de las demandas más urgentes de la población: mayor seguridad y herramientas efectivas para combatir el crimen organizado.
César Acuña, como autoridad regional, destacó que esta propuesta es parte de un compromiso más amplio por garantizar la seguridad ciudadana.
“Estos delincuentes no tendrán derecho al secreto de las telecomunicaciones ni al secreto bancario. No podemos seguir siendo testigos pasivos de cómo el crimen organizado amenaza nuestra tranquilidad. Es momento de dotar a nuestras autoridades de herramientas legales que les permita actuar con firmeza y eficacia”, afirmó.
La iniciativa legislativa propone una modificación al artículo 2 de la Constitución. Con este cambio, se autorizaría a las autoridades policiales y fiscales el levantamiento de comunicaciones y telecomunicaciones en casos relacionados con extorsión, sicariato, marcaje, reglaje y tráfico ilícito de drogas. Estas actividades delictivas han generado una sensación de inseguridad sin precedentes y representan un desafío constante para las autoridades peruanas.
Lucha frontal contra la criminalidad
El proyecto llega en un contexto de creciente preocupación por el alto índice de inseguridad que afecta al país. Según datos recientes, los delitos violentos, especialmente aquellos relacionados con extorsión y sicariato, han aumentado significativamente, posicionando a Perú como uno de los países más golpeados por estas prácticas en América Latina. Para Acuña, esta reforma es necesaria y urgente, dado el impacto que tiene la delincuencia en la vida cotidiana de los peruanos.
Este tipo de medidas, aunque controversiales, reflejan la necesidad de adoptar estrategias contundentes frente a la inseguridad. De aprobarse la reforma, se espera que las autoridades puedan responder de manera más efectiva a los desafíos impuestos por las redes criminales.
