No cabe duda de que la minería crea oportunidades de desarrollo descentralizado y genera recursos para los distintos niveles de gobierno y municipios. Sin embargo, los movimientos antimineros, sumados a la burocracia y la tramitología, petardean la inversión minera. “Se ahuyenta la inversión privada y con ello hay menos recursos para invertir en obras y el cierre de brechas sociales en áreas como salud, educación e infraestructura, condenando a la pobreza y el hambre a la población”, expresó Jessica Luna, presidenta ejecutiva de la Sociedad de Comercio Exterior (ComexPerú).
“Recordemos que, sin minería, las municipalidades verían reducidos abruptamente sus recursos. En 2023, el canon y las regalías mineras financiaron el 28% del presupuesto de salud y el 45% del de educación de los municipios”, señaló.
Para la representante de ComexPerú, los que se oponen a la minería no pierden, les pagan para hacer política, afectando a las comunidades. “Pero no solo eso, en los departamentos de Cajamarca, Pasco y Puno, donde hoy se reactivan los movimientos antimineros, los alcaldes y gobernadores han sido los peores ejecutores de sus presupuestos”, añadió.
“¿Acaso también la minería es culpable de la mala ejecución? ¿O es su incapacidad para diseñar proyectos e invertir este dinero en obras para sus pueblos? Ya es hora de desenmascarar a aquellos que, escudados en ONG, asociaciones civiles y demás, se oponen a la minería. Acusan a la actividad minera, pero son ellos los que condenan al pueblo a la pobreza. Impulsemos la minería y el desarrollo del Perú”, finalizó Luna.
