La complicada situación que afronta la provincia de Pataz, por los hechos de violencia que perpetran miembros de organizaciones criminales y mineros ilegales es de nunca acabar, por lo que el accionar delictivo no ha podido ser combatido con la eficacia que se esperaba, a pesar de la declaratoria de emergencia y que fuerzas combinadas del Ejército del Perú y la Policía Nacional fueron destacadas a la zona.
Ante ello, para el gerente de Asuntos Corporativos de la empresa minera Poderosa, Pablo de la Flor, los pobres resultados en la lucha contra la minería ilegal y los criminales que giran en torno a ella se debería a que en los operativos de intervención no hay el apoyo firme de la Fiscalía y de los funcionarios de la Dirección Regional de Energía y Minas de La Libertad.
De la Flor sostuvo que, a pesar de la presencia policial y de miembros del Ejército del Perú en Pataz, solo se han intervenido, en los dos últimos meses, 25 de las 450 bocaminas ilegales identificadas plenamente en la zona; es decir, apenas se ha golpeado al 5% de estas mafias criminales.
“El grueso de ese mineral es despachado a otras plantas formales en otros puntos del país. Solo en el primer trimestre de este año se ha detectado que más de 1,200 volquetes cargados de mineral extraído ilegalmente van a plantas como, por ejemplo, La Joya, en Arequipa”, sostuvo.
Atentado explosivo
El directivo de la empresa Poderosa hizo hincapié en el hecho de que el derribo de sus torres de alta tensión por parte de mineros ilegales y el ataque de grupos armados a trabajadores y personal de seguridad, que dejó como saldo un fallecido y dos heridos, son hechos que han ocurrido, luego de que el Congreso de la República derogó la ley que permitía depurar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
“Esto iba a permitir combatir la minería ilegal y controlar el uso de artefactos explosivos, pero ahora es un mecanismo de protección para los mineros ilegales que siguen delinquiendo”, cuestionó.
