Una seria denuncia penal ha sido presentada ante la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Santiago de Chuco, exponiendo presuntos actos ilícitos cometidos por altos funcionarios del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (PNAEQW). La denuncia señala a la Directora Ejecutiva María Mónica Moreno Saavedra, la Jefa de la Unidad Territorial en La Libertad Flor de María Chávez Salazar y el Jefe de la Unidad de Supervisión Monitoreo y Evaluación Percy Reategui Picón.
La acusación, originada en una denuncia anónima presentada por un miembro del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, sugiere complicidad de los funcionarios en la producción y comercialización ilegal de alimentos destinados al consumo humano. El foco del escándalo está en la conserva de bofe de res marca Qali Thani, fabricada por CAAS Alimentos SAC y distribuida por el Consorcio Salinas Aredo.
Según la denuncia, se constató la presencia de conservas sin fecha de vencimiento en una institución educativa de la región, y se señala la presunta complicidad de Melvin Vlemer Claros Cuadros, Jefe de la Unidad de Supervisión Monitoreo y Evaluación de Qali Warma. A pesar de pruebas presentadas por el Comité de Transparencia, Claros levantó la medida preventiva sobre el producto, alegando favorecer al Consorcio Salinas Aredo.
El Ministerio de Salud emitió un informe categórico declarando el producto NO APTO PARA CONSUMO HUMANO, sin embargo, Qali Warma, según la denuncia, desatendió la alerta y permitió su comercialización, desafiando la recomendación de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad de destruir el producto.
Los cargos imputados incluyen delitos contra la salud pública, específicamente por producción, comercialización o tráfico ilícito de alimentos destinados al consumo humano. Expertos legales advierten que los presuntos responsables podrían enfrentar consecuencias legales severas.
Además, se acusa a los funcionarios de aprovechamiento indebido del cargo, alegando que buscaron beneficios personales o de terceros al levantar la medida preventiva sobre el producto no apto.
La denuncia concluye exigiendo una investigación exhaustiva basada en documentos oficiales y la colaboración plena de entidades gubernamentales y de salud.
