El 28 de noviembre el sindicato de trabajadores de la Dirección Desconcentrada de Turismo del Cusco, que administra Machu Picchu, iniciará una huelga indefinida hasta que se derogue la norma que transfiere los ingresos económicos que genera este destino y otros al tesoro público.
Así lo informó el presidente de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (Apotur), Enrique Quiñones, quien precisó que esto podría significar pérdidas de hasta US$2 millones diarios si se toma en cuenta el impacto en otros atractivos. Además, cuestionó que no se están vendiendo las entradas para visitar la maravilla del mundo en 2023.
“La ministra Betssy Chávez, que fue la que autorizó la huelga de controladores, ahora está cerrando las entradas para boicotear al sector”, dijo.
Por otro lado, recientemente, diversas organizaciones en Cusco realizan una paralización, entre otras acciones, para pedir la implementación de la segunda reforma agraria y por el alto costo de los combustibles.
El director general de Casa Andina, Juan Stoessel, explicó que las pérdidas pueden sumar alrededor de US$1 millón. “El dinero es el menor de los problemas, pero la imagen tiene un efecto multiplicador”, advirtió.
A esto se suma, precisó, la “corrupción en la venta de entradas” para la ciudadela que se da en Machu Picchu Pueblo, que ha generado » un mercadillo ambulante”. “Este Gobierno ha despedido o reubicado gente del Ministerio de Cultura capaz. Están hundiendo al turismo”, agregó.
Por su parte, Quiñones cuestionó que el ministro Roberto Sánchez resalte el ingreso de 1.9 millones de turistas, cuando “no es ni la mitad de 2019″. “El gobierno no hace absolutamente nada para proteger al Perú. Los ministros no saben cómo funciona el sector”, añadió.
