La exalcaldesa Susana Villarán y el ex gerente municipal José Miguel Castro regresaron a sus respectivos centros penitenciarios tras haber asistido a la audiencia de apelación de los 18 meses de prisión preventiva dictada en contra de ellos por el Poder Judicial, en el marco de las investigaciones de los aportes de las empresas Odebrecht y OAS durante las campañas del ‘No a la revocatoria’ y la reelección municipal.
El juez Ramiro Salinas Siccha, colegiado a cargo de la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, informó que dará a conocer su veredicto por escrito en el plazo de acuerdo a ley.
Nota previa
La exalcaldesa de Lima Susana Villarán expondrá hoy sus argumentos ante la Primera Sala Penal de Apelaciones con el objetivo de revertir los 18 meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial como parte de la investigación de los aportes que recibió de las empresas Odebrecht y OAS durante su campaña del “No” a la revocatoria y de la reelección.
Según fuentes judiciales, la exburgomaestre será trasladada desde el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos hacia la sede judicial Carlos Zavala, en el Centro de Lima, para participar en la audiencia de apelación contra la decisión de la jueza María de los Ángeles Álvarez.
La diligencia se realizará a partir de las 10 de la mañana. En tanto, su abogado, Iván Paredes, informó a este diario que su patrocinada se encuentra de buen ánimo y espera defenderse ella misma ante el tribunal que preside el juez superior Ramiro Siccha.
Viajes
En su requerimiento, el fiscal Puma refiere que Villarán estuvo en Brasil durante marzo del 2013, ocasión en la que habría llamado al exdirectivo de Odebrecht Jorge Barata pidiéndole el financiamiento para la campaña del “No” a la revocatoria.
La Fiscalía le atribuye a Villarán la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo y lavado de activos.
Asimismo, el fiscal Puma indicó al Poder Judicial que a Villarán no se le podría aplicar el Art. 22 del Código Penal (el cual señala que a personas de 65 años se les puede reducir la condena prudencialmente), porque al momento de los hechos, en el 2012, la exfuncionaria edil contaba con 63 años, por lo que no le corresponderían los beneficios de dicha norma.
