LA LIBERTAD. Una grave queja, pone en tela de juicio la labor desarrollada por una magistrada del la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad. Se trata de la fiscal adjunta provincial titular, Magali Erika Zumarán Ramírez, quien ha sido quejada ante la Oficina Desconcentrada de Control Interno, cuya titular, la doctora Rosa María Vega Lujan, deberá evaluar la queja por inconducta funcional al supuestamente haber transgredido el artículo 23°, letra k) del Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público.

El Órgano de Control Interno del Ministerio Público declara fundada la apelación presentada por Javier Arturo Carrión Ojeda, REVOCANDO la Resolución N° 868-2019 de fecha 10.07.2019, que rechazó de plano y declaró improcedente la queja interpuesta por el impugnante contra MAGALI ERIKA ZUMARÁN RAMÍREZ

Según el denunciante, Javier Arturo Carrión Ojeda, identificado con DNI. N° 19338799, la referida fiscal anticorrupción, en su Carpeta Fiscal N° 243-2018, que ha sido materia de severos cuestionamientos, expresa precarios argumentos, que demostrarían (una total falta de estudio, motivación y fundamentación, trayendo consigo un presunto favorecimiento con los investigados.

Ocurre que Magali Zumarán, en su disposición fiscal Nº 03 de fecha 05 de noviembre de 2018, determina: “No formalizar investigación preparatoria contra Nury Violeta León Becerra, Víctor Raúl Angulo Sáenz, José Antonio Ruiz Atoche, María Juana Carlos De la Cruz, Amparo López Gonzales, Dina Sánchez Ybañez y Lila Limay Arenas, por la comisión del presunto delito contra la Administración Pública, en la modalidad de peculado doloso en agravio del estado”.

Según el denunciante, la magistrada anticorrupción, habría omitido y transgredido el “principio de la debida motivación”, al no haber valorado los medios probatorios relevantes, presentados en la denuncia. Tal es así, que una nueva disposición fiscal de la Primera Fiscalía Superior Penal de La Libertad, a cargo de la Dra. Ada Margoth Peñaranda Bolovich, pone en jaque la disposición de la fiscal Zumarán, declarándola nula por existir falta de motivación.

Este documento resulta clave para el denunciante Carrión, quien asegura que la cuestionada fiscal nunca solicitó cotizaciones, información vital en todo acto de contratación pública que comprende dinero de las instituciones que pertenecen al Estado.

Ahora esta en manos del OCI del Ministerio Público resolver con transparencia esta queja que empaña la labor de los magistrados encargados de administrar justicia.