La congresista Norma Yarrow presentó una iniciativa legislativa para establecer la inhabilitación permanente de aquellos condenados por corrupción y enriquecimiento ilícito.
Se plantea cambiar los artículos 36, 38, 382 y 401 del Decreto Legislativo 635, Código Penal, mediante el Proyecto de Ley N° 6841/2023-CR. El propósito es instaurar la pena de muerte civil para aquellos funcionarios públicos que cometan delitos contra la administración pública. Es relevante señalar que el mencionado proyecto cuenta con las firmas de los colegas de bancada de Yarrow, Diego Bazán, Diana González, Patricia Chirinos, María Córdova y Alejandro Cavero.
“Establecer la figura de la muerte civil al funcionario o servidor público que haya cometido un delito de corrupción en cualquiera de sus modalidades, de modo que no pueda volver ocupar el mismo o similar cargo, y dejar una sensación de insatisfacción en la población”, se lee en el documento.
Según la propuesta legislativa, se impondrá una pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años al funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, ya sea personalmente o mediante terceras personas, obligue o induzca a alguien a proporcionar o prometer indebidamente un bien o beneficio patrimonial y sea condenado. Es importante destacar que, en el caso de que dicho funcionario ocupe un cargo de alta dirección, incluso si este es resultado de una elección popular, también se le sancionará con pena de inhabilitación perpetua.
Por otro lado, los servidores públicos que aumenten ilícitamente su patrimonio en relación con sus ingresos legítimos serán castigados con una pena de prisión no menor de 5 ni mayor de 10 años, además de la correspondiente inhabilitación, según sea apropiado. En el caso de funcionarios que hayan accedido al cargo mediante elección popular, las penas privativas de libertad podrían alcanzar hasta los 15 años.
