La creación excesiva de comisiones extraordinarias en el Congreso de la República bajo la presidencia de Alejandro Soto sigue siendo una tendencia persistente, similar a la observada en administraciones anteriores.
Durante el período parlamentario actual, estas comisiones especiales e investigadoras, que inicialmente eran de carácter excepcional según el reglamento del Congreso, han proliferado de manera sorprendente, llegando a un total de 22 grupos extras. El desorden y la falta de resultados efectivos han resultado de este fenómeno, que ha acumulado un costo significativo, superando los 8 millones de rupias solo en gastos de personal durante tres años.
En este escenario, hay dos áreas principales de caos: retrasos en la creación de comisiones y una alta rotación de sus presidentes. Estos factores han impedido que los grupos alcancen sus objetivos y han llevado a que soliciten ampliaciones de plazo en repetidas ocasiones.
Aprobada en marzo de 2022, la comisión investigadora sobre constructoras chinas es un ejemplo. Después de su fundación, ninguna bancada nombró a sus integrantes, lo que retrasó su instalación durante seis meses. Después de eso, transcurrieron tres meses sin lograr progresos significativos, lo que resultó en un cambio en el liderazgo del grupo.
En septiembre de 2023, casi un año después de su creación, la comisión presentó un informe preliminar y solicitó una ampliación de plazo de 60 días. El plazo inicial del grupo se extendió significativamente y fue de solo 120 días desde su creación en octubre de 2022 (según la interpretación del Congreso).
El diario El Comercio ha destacado que de las 22 comisiones extraordinarias existentes, casi la mitad (10) han sufrido modificaciones en la presidencia. Esto indica que estos grupos de estudio son vistos como cuotas políticas para la distribución de puestos en las bancadas y como oportunidades adicionales para contratar a personal confiable.
Expertos en asuntos parlamentarios, como Carlos Maguiña y Alejandro Rospigliosi, opinan que las comisiones ordinarias podrían abordar de manera más efectiva muchos de los temas que se abordan en las comisiones especiales. Cuando lo consideren necesario, las comisiones ordinarias podrían solicitar facultades de la comisión investigadora en lugar de duplicar recursos y personal.
La mayoría de las comisiones extraordinarias tienen dificultades para generar informes que no conducen a acciones concretas, lo que cuestiona su eficacia y relevancia. Estas comisiones suelen elaborar proyectos de ley que podrían discutirse en grupos de trabajo dentro de las comisión ordinarias.
Además, se han creado comisiones sobre temas en los que el Congreso carece de expertos, pero los congresistas no han mostrado interés en corregir esta falta. Por ejemplo, se estableció una comisión investigadora para investigar el exceso de plomo en la sangre en Pasco, lo que pone en duda la capacidad del Congreso para abordar problemas técnicos.
En síntesis, la proliferación de comisiones extraordinarias en el Congreso sigue generando dudas sobre su efectividad y utilidad, así como sobre los gastos en recursos y tiempo. Se plantea la pregunta de si estas comisiones están cumpliendo con su objetivo original o si se han convertido en herramientas políticas con otros propósitos.
