Cuatro días después de hacerse oficial su nombramiento como ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva Villegas entregó su primera concesión. Esta fue para la empresa Galatech S.A.C. Según el Decreto 755-2021, se le otorgó una concesión única para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones por el plazo de 20 años.
Esta compañía, cuyo representante legal es el abogado Ernesto Becerra Vega, fue constituida en junio del 2020 y, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), empezó su actividad en agosto del mismo año. Registra como dirección un edificio que no cuenta con señales empresariales.
Tras una revisión de todos los decretos dados por el ministro Juan Silva, se encontró que de las seis empresas que obtuvieron una concesión en las dos semanas de gestión que tiene el nuevo gobierno, cuatro recién registran actividad durante la pandemia.
Además de Galatech S.A.C., figuran las compañías Redconex, que inició actividades en mayo del 2021 y su gerente es Luis Granados Quinto; Fibermass, que también comenzó actividades en mayo del 2021 y cuyo titular es Edgar Cáceres Lima; y Fiber Conexión, que inició actividades en marzo del 2021 y cuyo titular es Wilber Meza Olivares.
Del mismo modo, se corroboró que 4 de las 6 empresas que recibieron concesiones registran como dirección fiscal ante la Sunat casas y departamentos sin fachada empresarial.
Según José Aguilar, exdirector general de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones del MTC, en realidad estas concesiones únicas son títulos habilitantes que se le pueden dar a cualquier empresa que cumpla los requisitos establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del MTC para que brinden servicio móvil por satélite y servicios como portador local, el cual tiene la facultad de proporcionar la capacidad necesaria para el transporte de señales de telecomunicaciones, e interconectar redes y servicios públicos de telecomunicaciones de distintos operadores en una misma área local. También puede transportar las señales de telecomunicaciones de servicios privados.
Entre los requisitos para obtener estas concesiones figuran presentar una hoja de datos personales y una declaración jurada del representante legal; un perfil de proyecto técnico autorizado por un ingeniero colegiado de la especialidad; proyección de la inversión prevista para los primeros cinco (5) años; pago por publicación de la resolución de concesión en el diario oficial El Peruano; declaración jurada que acredite un capital social no menor a 10 UIT (S/. 44.000). “Se debe considerar también que el MTC debe revisar que la empresa cumpla los requisitos, pero tiene un plazo establecido para hacerlo. Si no envía sus observaciones, se le entrega a la empresa el título habilitador de forma automática”, recalca Aguilar.
En el caso de Fiber Conexión, modificó parcialmente su estatuto en mayo pasado, según consta en Registros Públicos. Esta empresa se inscribió en la Sunarp en febrero pasado con un capital de S/. 20.000 y dos meses después ascendió a S. 45.000, para cumplir con el requisito de las 10 UIT.
Desde el área de comunicaciones del MTC indicaron que al no encontrarse entre los requisitos el tener una cantidad mínima de años de creación o de experiencia en el sector, este punto no entra en la evaluación.
Según explica el especialista José Aguilar, el objetivo es fomentar la competencia y que no solo las grandes empresas tengan oportunidades de brindar servicios al Estado. “Esta no es una situación nueva. Si uno revisa El Peruano, debe salir en promedio un contrato de concesión única a la semana”, asegura Aguilar, quien explica que en telecomunicaciones existen aproximadamente 800 concesiones, cinco de telefonía móvil, alrededor de 10 de telefonía fija y, la gran mayoría, destinadas a brindar servicios de Internet y cable. “Más allá de las grandes compañías, hay empresas pequeñas que atienden nichos de mercado al interior del país, donde no llegan las grandes. Esa es su importancia”, dijo.
Este hecho podría llevar a que empresas nuevas y sin experiencia tengan permisos para contratar con el sector público y brindar estos servicios. Entre julio y los primeros días de agosto, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) ha sancionado y reafirmado sentencias a 14 empresas pequeñas que habían obtenido este tipo de concesiones. Las sanciones por el incumplimiento de alguno de los puntos van desde multas hasta la disolución del contrato.
No obstante, el experto indica que se prioriza la competencia y que, por ese motivo, existen mecanismos de control de estas empresas, que se pueden ver en el contrato de concesión única para la prestación de servicios.
Fuente: Diario El Comercio
