En un acto histórico, este jueves 3 de noviembre y por primera vez, el Estado peruano asumirá la violación de derechos humanos y pedirá perdón a Azul Rojas Marín, una mujer trans que fue ultrajada por efectivos policiales y que denunció estos hechos ante la Corta Interamericana de Derechos Humanos, la cual falló a su favor en febrero del 2020.
El hecho se dará en el auditorio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y se trasmitirá a las 3.00 p. m. Tendrá la presencia del ministro Félix Chero, así como representantes de la cartera del Interior, la Policía y la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado.
Sobre el caso de Azul
Hace más de 14 años, Azul Rojas Marín fue intervenida arbitrariamente por tres policías, hecho que tomó lugar una noche de febrero en 2008. Ellos le pidieron su DNI y la obligaron a subir al vehículo. Después, sin mayor explicación, la recluyeron en la comisaría de Casa Grande, en La Libertad, donde también la violaron.
La mujer pudo encontrar justicia en la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Así, en marzo de 2020, esta emitió un fallo en el que encontraba responsable al Estado peruano por archivar su caso en el sistema judicial nacional y no sancionar los abusos cometidos en su contra. Además, dictó una serie de acciones a adoptar en el plazo de dos años.
Reparaciones que la Corte IDH ordenó al Perú
La Corte IDH dictó nueve medidas a favor de Azul Rojas, que son las siguientes:
- Promover y continuar las investigaciones que sean necesarias para determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos de tortura en perjuicio de Azul.
- Realizar las publicaciones de la sentencia y su resumen oficial.
- Ejecutar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
- Brindar tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico a Azul.
- Adoptar un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTI víctimas de violencia.
- Crear e implementar un plan de capacitación y sensibilización sobre violencia contra las personas LGBTI.
- Diseñar e implementar un sistema de recopilación y producción estadística de violencia contra personas LGBTI.
- Eliminar el indicador de “erradicación de homosexuales y travestis” de los planes de seguridad ciudadana de las regiones y distritos del Perú.
- Pagar las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, así como el pago de costos y gastos, y reintegro del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas.
Fuente: Diario La República
