“Se declara estado de emergencia por treinta días en todo el país”, fueron las palabras de Alberto Otárola, ministro de Defensa, este miércoles al mediodía. Una decisión que, aunque resulta cuestionable para un sector, parecía inevitable para un gobierno de precaria estabilidad que no encuentra la manera de sosegar a una población que parece estar cada día más irascible y no piensa ser espectador del gobierno de Dina Boluarte sino convertirse en actor principal de su final.
Sin embargo, quedan puntos por esclarecer ante este escenario radical que desde Lima todavía resulta confuso. “Esto va a empeorar, porque el pueblo ya tomó fuerza y cuando el pueblo se levanta no hay quién lo contrarreste”, comenta con firmeza Aladino Fernández Rubio, presidente de la Federación Regional de Rondas Campesinas de Cajamarca, quien comenta que tiene bajo su representación a trece provincias, setenta comités distritales y 600 mil ronderos.
Para Fernández Rubio sólo existe una salida a la crisis: “Estamos pidiendo que se vayan todos y realicen elecciones de inmediato”. Para ellos, no es prioridad la liberación y restitución en el cargo de Pedro Castillo, aunque sí agrega que parte de esta lucha es la nueva constitución.
Si bien señala que la decisión del expresidente Castillo de disolver el Congreso es algo que “tendrá que ir analizándose”, también cuestionó que el Legislativo no haya tenido la voluntad de diálogo con el Ejecutivo que ellos esperaban.
