Con respecto al supuesto que señala a una nueva constitución como el fin de la corrupción, el IPE comentó que “según Datum la mayoría de quienes quieren cambiar la constitución lo piden para imponer más sanciones a corruptos y delincuentes”.
Sin embargo, este tema no forma parte de la Constitución, sino del código penal. Además, combatir los malos manejos del funcionamiento público requiere políticas de estado sólidas y no cambios constitucionales.
Por otro lado, con respecto al pedido de una nueva carta magna que contenga ‘más derechos’. El IPE explica que la actual Constitución cuenta con todos los derechos que los peruanos necesitan y “que buena parte de la población no tenga acceso a estos o que no se ofrezcan servicios de calidad demuestra que alterar un texto no produce resultados”.
Finalmente, la institución resaltó que el capítulo económico trajo mucho crecimiento y desarrollo, no como los detractores de la constitución quieren hacer creer.
“Según cifras del INEI, en las últimas décadas, el Perú logró una reducción de la pobreza sin precedentes, un gran ensanchamiento de la clase media y mejoras sostenidas en la igualdad de ingresos. Aún falta mucho, pero la ruta es la correcta”, enfatizó.
