LA LIBERTAD. Un duro golpe contra la minería ilegal, asestó nuevamente, la policía y ejército peruano en el distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión. En menos de una semana, se intervino otro inmueble en el caserío de Shiracmaca, donde se encontró gran cantidad de explosivos e insumos químicos de alta peligrosidad.

Se trata pues, de otra intervención en las denominadas “casas bomba”, que sirven de escondite para almacenar la peligrosa mercadería, utilizada por los mineros ilegales que se han instalado desde hace casi dos décadas en el cerro El Toro.

Inescrupulosos mineros ilegales utilizaron vivienda de pareja de ancianitos para esconder fulminantes para su ilícita actividad en el cerro El Toro.

Los agentes de las fuerzas armadas allanaron el inmueble, situado en la calle Jorge Moreno 118, del caserío de Shiracmaca, de propiedad de José Diómenes Otiniano Cruz de 72 años, quien refirió que la mercadería fue encargada por una mujer de nombre Giovanna. El anciano junto a su esposa, identificada como María Isabel Pizán Mauricio de 72 años de edad, fueron detenidos para el interrogatorio de ley.

La policía incautó durante la intervención 4816 cartuchos de dinamita, 6100 fulminantes, 03 sacos de anfo, 09 cajas y 04 rollos de mecha lenta; además, de insumos químicos, sumamente peligrosos, como cianuro líquido. Según informaron las autoridades policiales, la mercadería estaba destinada para la minería ilegal que impera en el cerro El Toro. Lo indignante de la situación, es que los inescrupulosos, comprometen a ancianos y personas con discapacidad para el lograr su objetivo. Hay que recordar, que, durante la intervención pasada, donde se incautó, de manera similar, material ilegal valorizado en más de 50 mil soles, se detuvo a una fémina sordo muda.

Según la policía, los mineros ilegales del cerro El Toro, utilizan viviendas del caserío de Shiracmaca para esconder los explosivos e insumos químicos de alta peligrosidad.

Esta intervención, pone en evidencia la falta de control y fiscalización por parte de las autoridades competentes. Es preciso señalar, que existe una clara muestra de inacción, del Ministerio Público, que permite que mafias muy bien organizadas continúen operando con total impunidad; incluso, en este periodo de aislamiento social obligatorio, exponiendo al personal obrero a contraer el coronavirus. En esa línea, la gerencia regional de Energía y Minas de La Libertad, tampoco viene cumpliendo su labor de fiscalización, pues el personal no puede desplegarse a la zona, aduciendo estar imposibilitado de acuerdo a la orden de inamovilidad en este periodo de emergencia de estado.