En un contexto de inseguridad ciudadana que se entrelaza con las dinámicas políticas y legales en el Perú, nace la alternativa de replicar en el país lo hecho por El Salvador. Frente a esta iniciativa, el Dr. Juan Castañeda Méndez, docente de la Escuela de Derecho de la Universidad César Vallejo (UCV), campus Trujillo, analiza la complejidad del polémico “Plan Bukele” y su posible impacto en el sistema legal y político del país.
El “Plan Bukele” se presenta como un enfoque audaz para abordar la inseguridad ciudadana en el Perú. El Dr. Castañeda lo define como una estrategia basada en la eliminación y erradicación de la inseguridad ciudadana, un enfoque que busca aplicar políticas de represión como respuesta a este desafío.
“El plan va más allá de las reformas ordinarias y exige una base legal sólida para acciones que involucran a las fuerzas militares y policiales”, menciona el abogado.
Para llevar a cabo una reforma de esta magnitud, el especialista en Derecho Constitucional subraya que los tres poderes del Estado (Judicial, Ejecutivo y Legislativo) estarían involucrados, y los procesos judiciales, detenciones y encarcelamientos ocuparían el centro de esta reforma. Por otro lado, advierte que esta dirección podría chocar con tratados internacionales de derechos humanos, lo que plantea interrogantes sobre su viabilidad.
“Aunque no hay precedentes exactos del ‘Plan Bukele’, elementos similares se implementaron en Colombia para combatir el terrorismo, inclusive las diferencias contextuales del narcotráfico y la necesidad de evitar violaciones de derechos humanos”, resalta el académico de la UCV.
En relación al papel de la judicatura en el proceso, el Dr. Castañeda Méndez recalca su importancia para garantizar la independencia judicial y prevenir abusos de poder. Sin embargo, advierte que el plan podría permitir detenciones sin orden judicial y procesos que vulneren derechos fundamentales.
“En principio sí es un cambio constitucional, pero sobre todo pensar en la idea de que este plan debe modificarse en algunos extremos para que no resulte inconstitucional. Hay que recordar que nosotros estamos en un marco no únicamente con una estructura y sistema jurídico nacional, sino también internacional, por lo cual respondemos a determinadas obligaciones estatales en materia de derechos humanos”, señala el abogado.
Finalmente, el catedrático concluyó que el “Plan Bukele” podría ser compatible con los principios fundamentales de la Constitución y el estado de derecho, siempre y cuando se realicen modificaciones para garantizar procesos judiciales justos que respeten los derechos humanos. Asimismo, la represión como respuesta a la inseguridad debe ser abordada con cuidado para evitar consecuencias sociales negativas.
