Poco antes de la medianoche del lunes, el presidente de la República, Pedro Castillo, decretó estado de emergencia en Lima y Callao e inamovilidad ciudadana desde las 2:00 a.m. hasta las 11:59 p.m. Aunque la medida fue suspendida en horas de la tarde del martes, distintos negocios se vieron perjudicados por la misma.
Entre los principales sectores que quedaron suspendidos se incluyeron el de comercio y el de servicios financieros, ya que ni los bancos ni los supermercados fueron incluidos en el decreto supremo publicado en El Peruano.
Por su parte, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) advirtió que, por cada día de inmovilización, solo en Lima Metropolitana y el Callao, el Producto Bruto Interno (PBI) del país pierde alrededor de S/. 1.000 millones.
Jorge Carrillo, profesor de Pacífico Business School, coincidió con dicho cálculo, y agregó que, a nivel nacional, un día de paralización afecta el PBI en S/.1.500 millones, aproximadamente.
En tanto, Jorge Chávez, presidente ejecutivo de la Consultora Maximixe, señaló que la inmovilización no fue informada con anticipación, por lo que las empresas se vieron obligadas a enfrentar costos muy fuertes. Esto, porque trabajan con insumos perecibles, y por la energía utilizada al prender y apagar maquinaria.
Por su lado, Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, señaló que, si bien hay impactos directos en la producción en sectores como construcción, servicios, manufactura y turismo, hay otros indirectos que son mucho más perniciosos, como al relacionado a la imagen internacional del país.
Pérdidas
Adicionalmente a las pérdidas de alrededor de S/. 1.000 millones, la CCL señaló que solo en el caso del comercio mayorista y minorista, se perderían S/ 140 millones diarios, afectando a un millón 100 mil personas que laboran en el sector formal e informal. Además, el rubro de alojamiento y restaurantes perdería S/ .51 millones.
Finalmente, la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (APAVIT) también estimó que la actividad turística podría perder cerca de US$ 500.000 por la inamovilidad social.
Tomado de: Diario El Comercio
